¿Puede España estar sin Presupuestos?
La situación presupuestaria de España plantea un dilema que, desde la perspectiva de la filosofía moral kantiana, merece un análisis riguroso. Cuando un Estado opera sin un marco presupuestario actualizado, pero continúa aumentando el gasto público mediante mecanismos alternativos, surge una tensión entre la necesidad práctica y el imperativo moral de la coherencia legislativa.
El contexto de la prórroga presupuestaria
Desde 2022, España ha funcionado bajo un régimen de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. Esta situación, lejos de ser excepcional, se ha convertido en una normalidad preocupante. La ausencia de un nuevo marco legal para el gasto público debería, en principio, limitar la capacidad del gobierno para aumentar las partidas presupuestarias. Sin embargo, hemos observado incrementos significativos en áreas como defensa, ayuda internacional y diversas subvenciones.
Esta contradicción aparente nos conduce a preguntarnos: ¿cómo puede un gobierno que carece de la aprobación parlamentaria para nuevos presupuestos continuar expandiendo el gasto público?
El mecanismo del endeudamiento
La respuesta reside en la deuda pública. Al pertenecer a la zona euro, España ha renunciado a su soberanía monetaria, imposibilitando la creación de dinero como mecanismo de financiación. Por tanto, el endeudamiento se convierte en el único camino legal para financiar el incremento del gasto sin contar con nuevos presupuestos aprobados.
Esta deuda se materializa mediante la emisión de instrumentos financieros como Bonos del Estado y Letras del Tesoro, que son adquiridos por bancos, inversores institucionales y fondos extranjeros. Hasta hace poco, el Banco Central Europeo también participaba activamente en la compra de bonos españoles en mercados secundarios, aunque esta práctica se ha limitado desde 2023 tras finalizar el programa de emergencia por COVID-19.
El caso paradigmático de la defensa
El gasto en defensa ejemplifica con claridad esta dinámica. Desde 2022 se ha producido un aumento notable, impulsado por la guerra en Ucrania y el compromiso con la OTAN de alcanzar un gasto militar equivalente al 2% del PIB, cuando tradicionalmente España destinaba aproximadamente el 1%.
Este incremento se ha financiado mediante fondos extrapresupuestarios, como el Fondo de Modernización del Ejército, créditos extraordinarios aprobados por el Consejo de Ministros y, fundamentalmente, mediante deuda pública adicional. Para 2024 se ha anunciado un aumento del 25% en el gasto en defensa, todo ello sin contar con nuevos presupuestos.
La desnaturalización del concepto presupuestario
Cuando un gobierno opera persistentemente sin nuevos presupuestos, recurriendo en su lugar a decretos, créditos extraordinarios y otros mecanismos para aumentar el gasto, se produce una progresiva desnaturalización del concepto presupuestario. El presupuesto deja de ser lo que constitucionalmente debe ser: un instrumento de planificación económica que refleja las prioridades políticas y cuenta con el respaldo explícito del poder legislativo.
Si esta situación se prolonga y normaliza, podemos llegar a un escenario donde el presupuesto formal se convierte en una mera formalidad vacía, mientras que las decisiones reales sobre el gasto público se toman por vías alternativas. Esto supone una contradicción performativa: se mantiene la apariencia de respeto al marco constitucional mientras se vacía de contenido uno de sus pilares fundamentales.
Desde la razón práctica kantiana, esta contradicción es insostenible. No podemos universalizar la máxima de "mantener formalmente los presupuestos mientras se toman las decisiones reales de gasto por otras vías", pues si todos los gobiernos actuaran así, el concepto mismo de presupuesto perdería su significado y función.
El umbral de la inconstitucionalidad
La Constitución Española establece claramente en su artículo 134 que "corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación". Esta disposición no es accidental, sino que responde a un principio fundamental del Estado de Derecho: el control parlamentario del gasto público.
Cuando un gobierno utiliza sistemáticamente mecanismos alternativos para aumentar el gasto sin la debida aprobación parlamentaria, se aproxima peligrosamente al umbral de la inconstitucionalidad. No se trata solo de una prórroga técnica de los presupuestos anteriores (prevista constitucionalmente), sino de una mutación de facto del sistema presupuestario que subvierte el espíritu de la Constitución.
Este comportamiento constituye lo que Kant denominaría una heteronomía institucional: el gobierno se guía por imperativos externos a la ley moral constitucional, priorizando su permanencia en el poder sobre el respeto a los procedimientos democráticos fundamentales.
Las implicaciones kantianas de la situación
Desde la ética kantiana, esta situación plantea graves problemas morales. El imperativo categórico nos exige actuar según máximas que puedan convertirse en ley universal. ¿Puede universalizarse la máxima de gobernar indefinidamente sin actualizar el marco presupuestario legítimo? Claramente no, pues si todos los gobiernos procedieran así, el concepto mismo de presupuesto público perdería su significado.
En 2023, España alcanzó un récord de deuda pública, superando el 110% del PIB. Esta situación no solo aumenta el pago de intereses, agravado por los altos tipos de interés establecidos por el BCE, sino que reduce el margen fiscal para afrontar futuras crisis y expone al país al riesgo de sanciones por parte de la Unión Europea si no se controla el déficit estructural.
La fractura del principio de división de poderes
El sistema de elaboración y aprobación presupuestaria es una manifestación concreta del principio de división de poderes. Cuando el ejecutivo encuentra vías para aumentar el gasto sin el debido control legislativo, se produce una alteración del equilibrio constitucional.
En términos kantianos, esto supone tratar al parlamento como un medio y no como un fin en sí mismo, instrumentalizando la institución representativa por excelencia. El ejecutivo, al eludir el necesario debate parlamentario sobre las prioridades presupuestarias, está negando la autonomía del poder legislativo y, por extensión, la de los ciudadanos representados.
El peligroso precedente
Quizás lo más preocupante desde una perspectiva kantiana es el precedente que esta situación establece. Si se normaliza la gobernanza sin presupuestos actualizados, se crea un incentivo perverso para futuros gobiernos: ¿por qué someterse al complejo proceso de negociación parlamentaria si existen vías alternativas para financiar las prioridades políticas?
Este razonamiento vulnera el imperativo categórico en su formulación como "ley universal". Si todos los gobiernos actuaran así, el sistema constitucional de control presupuestario colapsaría, lo que evidencia la imposibilidad de universalizar esta máxima de acción política.
La responsabilidad moral del gobierno
Para Kant, la dignidad del ser humano y la autonomía racional son principios fundamentales. Un gobierno que actúa al margen del proceso legislativo ordinario para el presupuesto está, en cierto modo, tratando a los ciudadanos como medios y no como fines en sí mismos. Está utilizando artificios legales para eludir el debate democrático necesario sobre cómo y en qué debe gastar el Estado.
Desde la perspectiva del imperativo categórico, un gobierno que carece de la capacidad para aprobar presupuestos tiene la obligación moral de reconocer esta limitación fundamental. No puede seguir actuando como si tuviera plena legitimidad para aumentar el gasto público cuando carece del respaldo parlamentario necesario para establecer un marco presupuestario actualizado.
La necesidad de restauración constitucional
La única solución coherente con los principios morales kantianos sería la dimisión del gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones que permitan configurar una aritmética parlamentaria capaz de aprobar presupuestos. Solo así se respetaría la autonomía de los ciudadanos y se actuaría conforme a una máxima universalizable: que todo gobierno debe contar con la legitimidad necesaria para establecer el marco de gasto público.
La persistencia en el gobierno sin capacidad para aprobar el instrumento fundamental que regula la actividad económica del Estado no solo representa una anomalía democrática, sino que establece una peligrosa senda hacia la desvirtuación de los mecanismos constitucionales de control del gasto público.
El deber moral kantiano exige coherencia entre medios y fines. Si el fin es gobernar legítimamente, el medio no puede ser la perpetuación en el poder sin capacidad para aprobar el instrumento fundamental que regula la actividad económica del Estado. La aritmética parlamentaria actual, al no permitir la aprobación de presupuestos, evidencia una contradicción que solo puede resolverse mediante un nuevo mandato democrático que restaure la coherencia entre la voluntad popular y la acción gubernamental.
Si este comportamiento se normalizara, estaríamos ante una transformación de facto del sistema constitucional español, donde el control parlamentario del presupuesto quedaría reducido a una formalidad vacía, vaciando de contenido uno de los pilares fundamentales del Estado democrático de derecho, lo que constituiría, desde la perspectiva kantiana, una grave transgresión del imperativo moral que debe guiar la acción política en un sistema constitucional.