El Ayuntamiento de Sevilla dejará sin agua a 5.000 pisos turísticos ilegales
El Consistorio quiere frenar la proliferación de apartamentos vacacionales al margen de la ley y prevé cerrar esa cifra estimada de 5.000 viviendas, después de haber cruzado los datos con las plataformas tecnológicas de alquiler. El ritmo previsto por el Ayuntamiento para revisar esas 5.000 viviendas irregulares es de 10 a la semana por lo que, si no aumentan los inspectores y las inspecciones, la tarea se hará eterna y acabará dentro de una década.
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ensalzó su plan este lunes: “Actuaremos con tolerancia cero en los pisos turísticos que operen de forma irregular. Más control y más firmeza en las sanciones para poner fin a los pisos ilegales en Sevilla después de años de mirar para otro lado”. El Ayuntamiento asegura que una de sus prioridades es atajar los problemas que los pisos causan a los vecinos del centro y del barrio de Triana, los dos focos de la turistificación, disparada en los últimos años y que genera graves problemas de convivencia.
Andalucía es la región con más alquileres turísticos de Europa, con 117.000 viviendas y 620.000 plazas. Las quejas de los vecinos por los problemas que acarrea el turismo masivo se han disparado este año tras el récord de visitantes y ahora los políticos intentan tomar nota. De momento, en este decálogo de medidas con la Junta para acotar los pisos turísticos legales, destaca el corte del agua y de la electricidad, aunque como el contrato de la luz está liberalizado y depende de muchas compañías, es una tarea mucho más compleja.
En cualquier caso, el problema de los pisos turísticos sin licencia que está asolando a España entera debería tener una pronta regulación a nivel del estado Central y de las autonomías dado que, en lugar de estar proveyendo espacios controlados para utilización del turismo, lo que está provocando es una exagerada desertización de habitantes en los centros históricos de las ciudades turísticas debido a la especulación provocada por los propietarios no legales. La “solución” política de Sevilla es un detalle que no va a solucionar nada, como tampoco las inspecciones en Barcelona o en Palma de Mallorca que se están realizando en la actualidad, por poner varios ejemplos. Pero, al menos, son un paso ante la inacción.