¿Debe España anular la inmunidad de los políticos?
A pesar de mi niñez de entonces, recuerdo perfectamente (cosas que ocurren cuando uno es hijo de periodista) el tratamiento que en los últimos años de Franco se daba a los políticos corruptos o indecorosos: se les enviaba un motorista de la Guardia Civil a su despacho del Ayuntamiento, Diputación o Gobierno Civil con una carta que se entregaba en mano a un alto cargo concreto. Lo que la misiva ponía era evidente porque ese mismo motorista le acompañaba a la puerta de la calle sin dilación alguna: el cese. Luego, si debían abrirse causas penales, pues alguien las abría y el corrupto pagaba su corruptela.
Con la llegada de la democracia y una vez Franco muerto (aunque les pese a algunos y otros lo sigan “paseando” aún hoy en día) y redactada y aprobada la Constitución del 78, el sistema cambió, pero se convirtió en “garantista” para los que ejercen la política. Tan garantista que tenemos, probablemente, el sistema con inmunidad política más cerrado de Europa para proteger a nuestros “sufridos” políticos. Esta Constitución ha creado ciudadanos de primera y de segunda y, tras el “procès” incluso de “categoría especial”.
Es decir, hemos pasado del método: “todo el mundo puede ser cesado y sacado de la función pública si existe el mínimo indicio de corrupción” al que hoy se está evidenciando por la cantidad de casos y sucesos, de todos los colores, que salen a la luz: si el presunto corrupto es de “los que mandan” no se toca. La mayoría de la Cámara debería votar poner su cabeza en manos de la Justicia. Cosa que no suele suceder pues, sea del partido que sea, a nuestros españoles políticos les gusta parapetarse porque saben que, algún día más o menos lejano, a ellos también les tocará recurrir a su inmunidad política. Precisamente, vamos a intentar hablar ahora de inmunidades políticas y de las diferencias entre varios de los países más importantes de nuestro globo y nuestro entorno.
La inmunidad jurídica para los políticos varía significativamente según el país, y en muchos casos depende del tipo de cargo que ocupen, como presidente, diputado, o miembro del gobierno. La inmunidad jurídica otorga a los políticos la protección contra ciertos procesos judiciales o detenciones mientras estén en ejercicio de su cargo. Sin embargo, en algunos países no existe inmunidad jurídica, o bien se limita solo a ciertos cargos.
Algunos ejemplos de países donde no existe inmunidad jurídica para los políticos o es muy limitada:
- Estados Unidos: En general, los funcionarios electos, incluidos el presidente, senadores y miembros de la Cámara de Representantes, no disfrutan de inmunidad total frente a procesos judiciales. El presidente puede ser sometido a juicio y enfrentarse a un juicio político (impeachment), pero no puede ser arrestado ni procesado durante su mandato. Los demás políticos, como senadores o representantes, están sujetos a las mismas leyes que cualquier otro ciudadano.
- Reino Unido: En el Reino Unido, no existe inmunidad jurídica para los políticos. Los miembros del parlamento, ministros y el primer ministro están sujetos a la ley y pueden ser procesados si infringen las normas, aunque en algunos casos las acciones del parlamento pueden tener ciertos privilegios legislativos, como la inmunidad de los discursos parlamentarios.
- Francia: Los políticos en Francia no disfrutan de una inmunidad jurídica absoluta. Si bien hay ciertas protecciones legales para los miembros del parlamento y el presidente, como el procedimiento especial para juzgar a los altos funcionarios, estas protecciones son limitadas. Por ejemplo, el presidente puede ser juzgado por delitos graves, pero solo después de dejar el cargo.
- México: En México, los políticos no tienen inmunidad completa. Sin embargo, los miembros del Congreso y algunos funcionarios públicos gozan de una protección legislativa bajo ciertas circunstancias, y no pueden ser arrestados por delitos comunes mientras están en funciones sin la autorización del Congreso. A pesar de esta protección parcial, no están exentos de ser procesados por actos de corrupción o delitos graves.
- Brasil: En Brasil, la inmunidad para los políticos no es total. El presidente y otros altos funcionarios pueden ser procesados por ciertos delitos, aunque los procedimientos son más complejos y suelen requerir aprobación del Congreso. Los miembros del Congreso tienen inmunidad limitada en lo que respecta a las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones, pero no están exentos de ser procesados por delitos comunes.
- Australia: En Australia, no existe una inmunidad judicial para los políticos. Los miembros del parlamento, incluyendo el primer ministro, pueden ser procesados por cualquier delito en el que puedan estar involucrados, y el sistema judicial no les concede inmunidad frente a la ley.
- Canadá: Similar a Australia, Canadá no ofrece inmunidad total a los políticos. Los miembros del parlamento y el primer ministro están sujetos a las mismas leyes que cualquier otra persona y pueden ser procesados si cometen delitos.
- Argentina: En Argentina, no existe inmunidad total para los políticos. Aunque el presidente goza de ciertas inmunidades durante su mandato (por ejemplo, no puede ser procesado por acciones realizadas en el ejercicio de su cargo sin el consentimiento del Congreso), los miembros del Congreso tienen inmunidad en términos de opiniones y votos, pero no están exentos de ser procesados por delitos.
En general, la tendencia mundial ha sido que los países modernos no ofrezcan inmunidad total a los políticos, aunque algunos aún mantienen ciertas excepciones. Sin embargo, muchos países también aplican protecciones especiales a los presidentes o funcionarios de alto rango debido a la importancia de sus cargos en la gobernabilidad del país.
En España no existe una inmunidad jurídica total para los políticos, pero sí existen privilegios procesales, como la inmunidad parlamentaria para los miembros del Congreso y Senado, y ciertas protecciones para los altos cargos del gobierno. Estos privilegios se limitan a evitar que se les procese o detenga sin el debido proceso o autorización del Congreso, especialmente para que puedan desempeñar sus funciones sin interferencias judiciales.
¿Será por eso que los altos cargos, ministros, amigos de ministros y demás se consideran seres invulnerables por disfrutar de prebendas que no tenemos el resto de la ciudadanía? ¿Será que el legislador entiende que puede elaborar Leyes que le exoneren de cualquier culpa pasada, presente o futura a su antojo? A lo mejor debería cerrarse esa puerta abierta de par en par a la inmunidad de los políticos y empezar a quitarles prebendas y excepcionalidades para volverlos a convertir en humanos normales y corrientes ante la Ley y sus consecuencias.
Porque nos hacemos una pregunta: el presidente del país es inmune, el ministro es inmune, el presidente de una comunidad también y sus consejeros, o muchos altos cargos, pero ¿por qué no toman todos ellos nota y son tan vulnerables como los 8.000 alcaldes que tiene España que no disponen de inmunidad política? Han montado un sistema estos políticos de alto nivel donde, de entrada, señalan a sus propios compañeros “de pueblo” como ciudadanos de segunda. Y estos calladitos por un plato de sopa boba…