La energía se ha convertido en arma política para captar impuestos
En la base de toda civilización moderna se encuentra la producción de bienes, sustentada por una única e indispensable fuente: la energía. Desde las formas más tradicionales, como la energía humana y los recursos alimenticios, hasta los combustibles fósiles que transformaron el panorama industrial, la evolución energética ha sido el motor principal del desarrollo humano. Sin embargo, más allá de los avances tecnológicos y los logros históricos, el acceso a una energía asequible y libre de restricciones se presenta como un pilar fundamental para la libertad individual, el crecimiento económico y el progreso social.
La energía como fundamento de las civilizaciones modernas
Durante siglos, el dominio sobre los recursos alimenticios, como los cereales, dictó el poder entre civilizaciones. Más tarde, con la revolución industrial, esta dinámica cambió hacia la dependencia de combustibles fósiles. El petróleo, en particular, marcó una era en la que la humanidad avanzó a pasos agigantados, desde los carruajes de caballo hasta los viajes espaciales. Sin embargo, este progreso no solo se debió al acceso a nuevas formas de energía, sino a su capacidad de ser utilizada de manera eficiente y económica.
Es aquí donde surge una cuestión clave: el coste de la energía. Su impacto no se limita al ámbito industrial, sino que atraviesa la vida cotidiana, definiendo desde los precios de los productos hasta la calidad de vida de las personas. Cuanto menor sea el coste energético, mayor será la capacidad de los ciudadanos y las empresas para invertir, innovar y prosperar. En contraste, altos costes energéticos asfixian a la sociedad, limitan su libertad económica y reducen las oportunidades de desarrollo.
El coste energético y su impacto en la economía y la libertad
Una energía accesible no solo abarata la vida diaria, sino que también genera un efecto multiplicador en la economía. Familias con más recursos disponibles pueden consumir e invertir según sus necesidades y aspiraciones, mientras que las empresas pueden destinar mayores fondos a innovación y generación de empleo. De esta manera, se construye un círculo virtuoso en el que la sociedad progresa hacia horizontes más altos, con menos desigualdades y mayores oportunidades.
Por el contrario, en sociedades donde el coste de la energía es elevado, se produce una erosión gradual de las libertades individuales. Sin que los ciudadanos sean conscientes, su capacidad de decidir se reduce al enfrentarse a precios inalcanzables, lo que los lleva a depender más de estructuras estatales o a resignarse a condiciones de vida más precarias. Los casos de países como Venezuela, Corea del Norte o Cuba son ejemplos claros de cómo la falta de libertad energética se traduce en la pérdida de otros derechos fundamentales.
El papel de los gobiernos en la seguridad energética
Es responsabilidad de los gobiernos garantizar la seguridad energética de sus naciones, entendida no solo como el acceso físico a las fuentes de energía, sino también como la capacidad de sus ciudadanos para pagar por ella. Esto implica adoptar políticas que liberalicen el sector energético, fomenten la competencia y reduzcan las regulaciones innecesarias que incrementan los costes. Solo así se puede lograr una economía más dinámica, donde los recursos se destinen a sectores productivos en lugar de ser absorbidos por gastos básicos.
Asimismo, es fundamental considerar los costes de mantenimiento de las infraestructuras energéticas. Muchas inversiones fallan no por falta de recursos iniciales, sino por la incapacidad de sostenerlas en el tiempo. Un enfoque estratégico y sostenible en la gestión energética permitirá no solo garantizar el suministro, sino también mantenerlo accesible para todos.
Conclusión: energía barata, sociedad libre
Reducir el coste de la energía no es simplemente una medida económica; es un acto de liberación. Una sociedad donde la energía es barata y accesible es una sociedad más libre, más innovadora y con mayor potencial de crecimiento. Invertir en políticas que promuevan esta accesibilidad no solo beneficia a los consumidores, sino que construye las bases de un futuro próspero para todos.
Por ello, los gobiernos que verdaderamente buscan el bienestar de sus ciudadanos deben priorizar la seguridad energética como un objetivo estratégico. Porque, en última instancia, garantizar energía barata es garantizar libertad y oportunidades, pilares esenciales de cualquier sociedad democrática y progresista.
En cualquier caso, parece que el gobierno de España de los socialistas y sus aliados de izquierdas no están de acuerdo con esta teoría. Hace unos días Junts y PNV, con el apoyo de PP y Vox consiguieron eliminar el impuesto especial post pandemia a las compañías eléctricas. Pero esa derrota en la Cámara baja no le importó a Sánchez: el 1 de enero el IVA del recibo de la electricidad de nuestros domicilios particulares, empresas, etc., pasará del 10% al 21%.
Más ingresos para el Gobierno socialista: más ingresos para pagar nóminas de enchufados. Y más gastos para los españolitos de a pie que, como siempre, pagamos el pato del desgobierno y de la inutilidad de gestores que tiene nuestro país.