¿Es lógico pagar sueldos a los expresidentes de la Generalitat?
A raíz de la intervención de ayer del portavoz de Vox en el Parlament catalán, Joan Garriga, ha vuelto a saltar la señal de alarma entre los ciudadanos catalanes respecto a gastos y prebendas a ciertos políticos catalanes. Garriga informó que su grupo parlamentario volvió a presentar ayer una moción “para acabar con los beneficios de los expresidentes”. Denunció asimismo que se está pagando a esos expresidentes “un sueldo sin tener ninguna responsabilidad ni ninguna función específica con personal y un despacho en la zona alta de Barcelona ciudad”
Una Ley hecha a medida por ellos y para ellos
La Ley 6/2003, de 22 de abril recoge una serie de privilegios económicos para cuando un presidente deja de serlo: “Las personas que han ejercido el cargo de presidente o presidenta de la Generalidad tienen derecho a percibir, por un período equivalente a la mitad del tiempo que han permanecido en el cargo y, como mínimo, por una legislatura, una asignación mensual equivalente al 80% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de presidente o presidenta de la Generalidad.”.
Asimismo, en cuanto se jubilen (65 años), esa Ley les permite una pensión vitalicia “Los ex presidentes de la Generalidad, cuando llegan a la edad de sesenta y cinco años, tienen derecho a percibir una pensión vitalicia consistente en una asignación mensual igual al 60 % de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de presidente o presidenta de la Generalidad.”
Por poner números en ejemplos reales. Pere Aragonés recibe el 80% del importe que cobraba como President de la Generalitat y que ingresa ahora mismo Salvador Illa (136.177,50 euros/año). Por tanto, Pere Aragonés ingresará anualmente 108.942 euros, además de disponer de oficina, personal, vehículo y escolta, durante cuatro años. En el caso de los expresidentes Pujol, Maragall, Montilla y Más, todos ellos ya jubilados, podrían solicitar un sueldo de 81.706 euros anuales. Mientras que Puigdemont no puede hacerlo hasta diciembre del 2027, que será la fecha de su jubilación dado que se le ha agotado el plazo de cobro como expresident. Además, cada uno de ellos tiene gastos asignados importantes para sus oficinas y representación.
Sueldo, coche, secretarias, gastos y seguridad
Bien es cierto que no todos ellos están cobrando esas cantidades a las que pueden optar por ley. Es el caso de Jordi Pujol que renunció tras verse salpicado por una trama de corrupción familiar, junto a su esposa ya fallecida y a sus hijos, que serán juzgados a finales del 2.025. Otro que renunció a esos ingresos por ocupar cargos bien retribuidos e incompatibles con la ley, es José Montilla como consejero de Enagás, aunque sí mantiene su oficina particular como expresidente, pagada por los catalanes. Y, obviamente, Carles Puigdemont porque no está en edad jubilable aún.
Los que sí cobran actualmente son Pascual Maragall, Artur Mas, Quim Torra, todos ellos como jubilados y con el 60% del sueldo, y el reciente expresident Pere Aragonès con el 80% del sueldo. A esos importes hay que añadir el alquiler de oficinas (por ejemplo, la de Montilla asciende a 117.053 euros, más otros 8.019 euros de gastos comunitarios, según reflejan los Presupuestos de 2024). Así como gastos diversos a justificar. Por ejemplo, en el 2023 el que más gastó fue Artur Mas: 44.873 euros; seguido por Pasqual Maragall (42.350), José Montilla (34.537), Quim Torra (21.028) y Carles Puigdemont (18.665) que aún cobraba como ex.
A todo esto, hay que añadir el sueldo de tres personas al servicio de cada uno de ellos; por ejemplo, el sueldo de un jefe de oficina ascendía en el 2023 a 116.500 euros anuales. No está mal. Por último, un coste difícilmente cuantificable es el de la seguridad de cada uno de ellos, que está a cargo de los mossos d’esquadra.
Conclusión: una cuestión de imagen y legitimidad
En definitiva, la propuesta de Vox no va a “sacar Cataluña de pobre” pero si podría ayudar a cambiar la imagen que los ciudadanos tienen de los políticos: seres a los que lo único que les preocupa es ganar dinero y vivir del presupuesto, aunque estén jubilados. Probablemente no llegará a nada porque para ser retiradas esas prebendas es necesario el voto de dos terceras partes del parlamento y eso hace indispensable que el PSC de Illa votara a favor, algo que se antoja imposible hoy en día.