Políticos y Fiscales bajo sospecha

La presidenta de la Comunidad de Madrid no es santa de mi devoción. Pero como tampoco me gusta, por ejemplo, ver el lavavajillas lleno de platos y vasos de cualquier manera, sin orden ni concierto. Son manías. Esa misma visceralidad hacia el personaje público me haría muy posiblemente no votarle si tuviera que hacerlo en Madrid, que no es el caso. Pero eso no quiere decir que admita que se pueda utilizar cualquier recurso para perjudicarla políticamente. Y mucho menos si es ilegal. Que se haga, de hecho, me preocupa enormemente. Y a todos ustedes les debería cuando menos inquietar, aunque no sean presidentes de nada ni duerman con quien sí preside alguna institución, que no parezca que estemos libres de que alguien nos mangonee cuando quiera, simplemente porque tiene información sobre nosotros que puede utilizar sin escrúpulo alguno.

Si se han perdido con todo lo que ha pasado esta semana deben saber que todo un secretario general del PSOE madrileño, dimitido 24 horas después de asegurar que no lo haría, Juan Lobato por más señas, ha terminado este viernes por cerrar ante el Tribunal Supremo el capítulo que un medio nacional abría el lunes al desvelar que el propio Lobato había ido a un notario hace apenas unas semanas a curarse en salud demostrando que cuando aireó públicamente información confidencial sobre la pareja de Ayuso para poder echárselo en cara a ella, fue porque la había recibido de Moncloa- Y que igualmente recibió instrucciones expresas para hacer lo que hizo.

Desvelada esta historia, lo que trasluce de lo que sabemos es que la Fiscalía General del Estado recabó información de un determinado expediente que afectaba a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, y que tramitaba la Fiscalía Provincial de Madrid. Y que cuando tuvo esa información, supuestamente, la transmitió a Presidencia del Gobierno para que esta la utilizara políticamente contra quien preside la comunidad madrileña. Porque una es de Sánchez y la otra es de Ayuso, una del PSOE y otra del PP.

A Lobato le pasaron desde Moncloa en marzo pasado, como ya sabe el juez al recibir el acta notarial y la propia declaración de Lobato, los correos entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal en los que se negociaba una posible asunción de un delito tributario por González Amador a cambio de una pena menor, algo que es absolutamente habitual en la práctica jurídica todos los días. Pero lo que no es normal, porque además es ilegal, es que las conversaciones entre la fiscalía y un abogado se conozcan por terceros, porque son conversaciones y datos absolutamente confidenciales y secretos. En una palabra: esos correos nunca debieron conocerse fuera del ámbito de la fiscalía. Y resulta obvio que justamente a quien no interesa en absoluto que el tema trascienda es a la representada por el abogado en cuestión. Así es que blanco y en botella, porque ¿de quién depende la fiscalía? Pues eso.

De todo este tema, y más allá del aparente chascarrillo de revista del corazón que asoma con lo de que en la lucha política se meta a un novio de una de las partes, la cuestión es mucho más grave de lo que parece, porque supone quebrar todos los límites legales, y por supuesto éticos, de la acción política en un sistema que presuponemos plenamente democrático y garante de derechos.

Lo primero que debería ponernos los pelos de punta es que haya un político del nivel de un secretario general territorial de un partido político, que es también diputado autonómico, que reciba una indicación para hacer algo que no debe hacer, utilizando una información que no puede tener. Y que el tipo lo haga. Aun con los muchos reparos que pusiera, que los puso, porque eso no le exonera de responsabilidad, sino que incluso la acentúa, ya que demuestra que se olía, si no es que comprendía perfectamente, lo que tenía delante cuando en lugar de negarse o de denunciarlo se fue a un notario a dejar constancia de una especie de “yo, lo que me han dicho”.

Y preocupa porque esa visita a la notaría no fue un acto en conciencia, sino que coincide con el momento posterior a la imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y el registro de su despacho ordenado por el instructor del Tribunal Supremo. Para que nos entendamos: lo que hizo Lobato fue agarrarse a un clavo ardiendo temiendo que esas diligencias acabaran por detectar el camino seguido por los correos famosos y que en ese camino apareciera él mismo. Así de sencillo. Contar después que la ley está por encima de los partidos y de quienes los dirigen está muy bien y es muy loable. Pero se echa de menos que eso no lo dijera el socialista madrileño hace unas semanas en vez de presentarse ante un notario sin contárselo a nadie y que se haya tenido que descubrir el pastel ahora, no quedándole más remedio de reconocerlo. Es más: después de haberlo intentado negar en un primer momento de la manera más torpe que se conoce.

Pero lo segundo que nos debe poner en guardia es que esto que le ha pasado a González Amador nos puede suceder a todos una vez que hemos comprobado lo fácil que aparentemente pueden sortearse garantías y derechos que son de todos. Porque seamos quienes seamos tenemos unos determinados derechos que deben ser respetados. Más incluso, deberían ser protegidos por quienes todo indica que han sido los que más los han vulnerado transmitiendo negociaciones confidenciales a un órgano político a sabiendas, si no coincidiendo en la voluntad, de que esa información iba a tener un uso, o un mal uso realmente, político.

Que la fiscalía pudiera ser actor principal de estas filtraciones es ignorar el artículo uno del estatuto regulador del Ministerio Fiscal, que señala que éste tiene como función “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”.

Que el novio de Ayuso haya defraudado a Hacienda no tiene nada que ver con las garantías de sus derechos como ciudadano. Porque de hecho las negociaciones de su abogado no han terminado aún hoy con una ratificación por su parte ante el juez ni ha habido una sentencia que así lo establezca, y aún estaría por ver que esta situación no termine favoreciendo a su defensa en el procedimiento que se sigue contra él. Y esto, sinceramente, sería ya el colmo.

Si se han despistado esta semana sepan que lo que hemos sabido es muy grave, y que afecta a lo que somos como democracia, porque supone que algunos de los que tienen que defenderla, y con ello proteger nuestros derechos fundamentales, en el más alto nivel de las instituciones que para ello nos hemos dado, han podido estar jugando con el poder político para atacar, hoy, a una persona concreta. Pero mañana nos puede tocar a cualquiera. A usted o a mí. Hechos como los que hemos conocido esta semana son inaceptables, y hacen de nuestro modelo institucional algo insostenible.

Luego nos quejaremos porque los antisistema no sé qué…