El tocho, ahora sí, es importante
La Constitución Española establece entre los derechos fundamentales el derecho a una vivienda digna. También dice que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para garantizar este derecho. Sin embargo, los años pasan y, con la política cortoplacista de nuestros dirigentes, no se ha hecho nada al respecto. Ahora parece que ha llegado el momento, ya que, en la medida en que un tema interesa –y mucho– a la ciudadanía y se convierte en la primera reivindicación social, en la clase política despierta una especie de ansiedad por ver quién dice o hace la mayor propuesta para "contentar" a su clientela y ganar votos.
Así, nuestros políticos, una vez han comprobado (nunca antes, lamentablemente) en sus encuestas oportunas que la vivienda es un tema prioritario para la ciudadanía, se han lanzado a una carrera desenfrenada para presentar propuestas y planes que, probablemente, queden en nada cuando pase la fiebre.
En Cataluña, el Gobierno de la Generalitat ha aprobado medidas para acelerar los trámites contractuales en la licitación y ejecución de obra pública. De esta manera, los departamentos pueden licitar directamente y sin tantas trabas administrativas las obras necesarias. También se les libera de depender en gran medida de la empresa pública Infraestructures.cat, que hasta ahora tenía prácticamente el monopolio de la construcción.
Aún queda un obstáculo más para acelerar los procesos, que no es otro que permitir que las pequeñas y medianas empresas puedan optar a los concursos de obra pública, dividiendo los grandes contratos en lotes accesibles para ellas.
Parece que se quieren poner las pilas... pero no demasiado, ya veremos.
Resulta que, paralelamente a este acuerdo, el Gobierno también ha aprobado la creación de un nuevo organismo (LIDERA) para "coordinar las inversiones...". ¡Vaya! Un nuevo "chiringuito" para coordinar el gasto. Nuevos nombramientos y cargos en la administración, que parece que todavía no es lo suficientemente amplia...
La Generalitat se da un plazo de dos meses para crear esta entidad. Se supone que, una vez constituida, comenzará a planificar las edificaciones y a licitar obras. Así que, con un poco de suerte, en tres o cuatro años podríamos tener algunas viviendas disponibles.
Cada uno puede evaluar, según su criterio, la diligencia de estas acciones.
A nivel estatal, no sé si la cosa va mucho mejor.
Por si no lo saben, existe un Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, aunque sus frutos ni se ven. Este plan consta de diez programas, con objetivos que parecen idílicos:
- Ayudas al alquiler para ciudadanos vulnerables.
- Ayudas para la construcción de viviendas de alquiler social.
- Fomento del incremento del parque público de vivienda y del parque de vivienda de alquiler social asequible.
Insisto: cada uno puede evaluar, según su criterio, la eficacia de este plan, que seguro que disponía de recursos, técnicos, responsables, funcionarios y demás para llevarlo adelante.
Pedro Sánchez anunció la transferencia de más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a una recién creada Empresa Pública de Vivienda (otra más), que tendrá prioridad –por normativa– en la compra de viviendas y terrenos.
O sea, se la juega todo a la iniciativa pública.
¿Funcionará? No sé si, con los precedentes que tenemos, podemos confiar demasiado.
La ley del Gobierno para abaratar los costos de la vivienda en zonas tensionadas tampoco parece estar facilitando el acceso a la vivienda a los jóvenes o a los ciudadanos con sueldos normales.
Por su parte, la oposición también ha presentado su Plan de Vivienda, que, como sabemos, será rechazado por la mayoría parlamentaria.
Así que... Todo por hacer y muchas palabras y planes sobre la mesa.