Sin presupuestos a la vista

Por ley se regula que cualquier Administración pública debe aprobar anualmente sus presupuestos, es decir, la previsión justificada de los ingresos con los que hacer frente a todo el gasto que durante el año siguiente se vaya a acometer. Y debe hacerlo siempre antes de que finalice el año, a fin de tener los créditos, los dineros, para que nos entendamos, disponibles a partir del mismo uno de enero del año entrante. De no hacerlo así, se aplica automáticamente una prórroga del presupuesto del año anterior, pero ya vamos cojos.

Contar, por tanto, con un presupuesto actualizado en una Administración no es baladí ni cosa de broma, dado que las cuentas públicas responden a dos cuestiones: primera, es el reflejo en cifras de las políticas que un gobierno quiere llevar a cabo en el marco de sus competencias, destinando el gasto a aquellos objetivos que se ha comprometido a alcanzar, a esas necesidades que ha prometido cubrir en su programa de gobierno a la ciudadanía; y segundo, es el cumplimiento mismo de obligaciones adquiridas con otras instituciones, como en nuestro caso las de la Unión Europea (UE), en relación con criterios coordinados de techo de gasto, déficit o sostenibilidad financiera. Un presupuesto es, por tanto, un elemento esencial de política directa, porque nos dice qué es lo que un gobierno quiere hacer, pero igualmente de compromiso, porque nos muestra la voluntad de cumplir con lo prometido por ese gobierno ante los ciudadanos y ante otras instituciones.

Por eso resulta sorprendente que no le estemos prestando atención a la realidad de que el Estado español no solo no cuente con un presupuesto general para este año 2025 aprobado por las Cortes a partir del proyecto que presenta el Gobierno, sino que sigamos viviendo de las cuentas que se aprobaron para 2023, dado que esas son precisamente las que se prorrogaron ya antes para otro año sin presupuesto propio, el 2024.

Es algo incluso incomprensible si recordamos las palabras anteriores de quienes hoy gobiernan España, Pedro Sánchez y el PSOE junto a Sumar, bastando con remontarse a enero de 2019, cuando él mismo, y precisamente tras ser tumbados sus presupuestos para 2019 por un Congreso en el que quienes gobernaban, como ahora, no tenían mayoría suficiente, decidió poner fin a la legislatura para ir a elecciones con una frase lacónica: “voy a, de forma humilde, pedir la confianza de los españoles”. Es decir, si no se aprueba un presupuesto que te permita llevar a cabo tus políticas, se llama al ciudadano a votar. Porque, como dijo también el propio Sánchez en esa ocasión, “lo que decidan los españoles, bien decidido está”.

Aun sabiendo de la afición por el Presidente del Gobierno por el donde dije digo, digo Diego, lo cierto es que el actual inquilino de la Moncloa tiene cuando menos antecedentes en esto de dar la última palabra al electorado cuando no sumas mayoría para aprobar las cuentas que tienen que financiar tus políticas. Así lo hizo, como les digo y seguro que recordarán, en enero de 2019 ante la negativa de Junts y ERC a hablar de autodeterminación en una mesa de diálogo y justo antes de iniciarse el juicio del procés en el Tribunal Supremo. Por ello, es llamativo que actualmente el relato sea precisamente otro radicalmente opuesto: justificar que se puede gobernar con unos presupuestos generales del Estado prorrogados, y no ya del año anterior, sino de dos años atrás, como pasa en este recién inaugurado 2025. Segunda prórroga, recuerden.

Pero, es más: Cataluña igualmente se mantiene en este momento con unos presupuestos prorrogados para 2025 ya que ni se han aprobado cuentas para este año. Y ni siquiera el Govern de Salvador Illa las ha presentado como proyecto, toda vez que ERC y su no tan renovado líder Oriol Junqueras ya han negado la viabilidad siquiera de negociar los números de los catalanes. Todo un reto para Illa y el PSC, que así deberán gobernar en 2025 con las cuentas prorrogadas que aprobó otro Govern para 2024, el de ERC. Y es que parece que Illa no se aplica el mismo argumento que Sánchez esgrimió en 2019 para convocar elecciones al no poder sacar adelante su presupuesto: “la disyuntiva que se nos plantea es clara como Gobierno, o continuar con unos presupuestos que no son los nuestros o creer como creo que España necesita avanzar, no dar pasos atrás”. Así se expresó Sánchez. Cambien “España” por “Cataluña”, y ya tendríamos el discurso de Illa…

Claro que el President Illa dirá que por qué no va a cambiar él de opinión si el Presidente Sánchez ha hecho de tal actitud una norma. Y que si en España se puede gobernar ya -en 2019 se ve que no- sin dar la voz al ciudadano cuando no hay mayoría para un presupuesto, pues en Cataluña igual, que no som tan diferents, oi?

Así es que para cuando vuelvan esas tradicionales imágenes de políticos frente a un montón de tomos de papel (antes) o sujetando con dos dedos un pendrive (ahora), en la foto del acto de presentación de unos presupuestos, veremos si nos acordamos de lo que era eso, porque se supone que la imposibilidad de que hubiera presupuestos era lo que motivaba que cayera un gobierno, y ahora lo moderno, parece ser, es que la permanencia de un gobierno se produzca justo porque no hay presupuesto. O lo que es lo mismo, que se oculte o se niegue a los ciudadanos el conocimiento de la herramienta fundamental de un gobierno para gobernar: qué plan económico tiene, cómo va a financiar su actividad, en qué va a gastar lo que sale de nuestros bolsillos, y qué resultados pretende alcanzar. Porque hoy, en España, como en Cataluña, ninguna información al respecto.

Aunque como dice el refrán, se ve que mal de muchos, consuelo de tontos, porque al igual que en España y Cataluña con gobiernos socialistas, sucede lo mismo en Comunidad Valenciana, Castilla y León, Baleares, Región de Murcia y Extremadura con gobiernos del PP, ya que, tras la ruptura con Vox, igualmente han prorrogado sus presupuestos de 2024 para este 2025, sin presentar proyecto siquiera. Y de este modo, los ciudadanos de estas comunidades son, como en Cataluña, rehenes de la trifulca partidista, en este caso entre PSC y ERC por una cuestión de trenes de cercanías, entre otras, y en aquellos entre PP y Vox por el tema del reparto de menores migrantes. Pero, en suma, y en todos los supuestos, por esa competición entre políticos de a ver quién la tiene más grande. La capacidad de negociación, entiéndaseme.

El mal, por lo tanto, de no lograr aprobar un presupuesto no es ya de derechas o de izquierdas. O de independentistas o de constitucionalistas. Es un problema de políticos nefastos, que en ningún caso han sido siquiera capaces de poner sobre la mesa, ni para España ni para las comunidades comentadas, desde Cataluña a Extremadura, el proyecto de políticas públicas que se propone desde un gobierno y su financiación. Porque realmente es más fácil echarle la culpa al que dice que no que esforzarse en que los ciudadanos sepamos al menos a qué exactamente se está diciendo que no.

Ninguno de los máximos responsables de los gobiernos socialistas o populares anteriores, central o autonómicos, ha hecho mención, no ya amenaza, de ir a elecciones para que el ciudadano decida y juzgue con su voto sobre la negativa de otros a negociar y apoyar en su caso las cuentas públicas recogidas con el proyecto de presupuesto. Y por eso les decía, al inicio, que el problema es probablemente ese ruido incesante que nos mantiene entretenidos mientras quienes debieran gestionar, igual desde posturas de izquierdas que de derechas, lo que es de todos, eluden una obligación fundamental: decirnos qué van a hacer este año y cómo lo van a pagar. Y seguro que ya adivinan por qué...

Efectivamente, porque no lo pagarán ellos, sino todos nosotros. Y a ciegas, sin presupuestos.