No hay día que no salgan a la luz el número de pateras que llegan, constantemente, a las Islas Canarias. Todo ello envuelto en la presión del propio Gobierno para la acogida de las ONG, quienes siguen aceptando la llegada de menores a pesar de que sufren un desbordamiento sin precedentes.
El efecto colateral que se está produciendo es el incremento de mujeres que se ven cada vez más desprotegidas ante las nuevas políticas de fronteras abiertas que dejan pasar sin control alguno a miles de inmigrantes irregulares. Los datos del Ministerio del Interior son claros en su último informe sobre delitos contra la libertad sexual. Entre 2016 y 2022 los delitos sexuales han crecido un 75%, y las agresiones por penetración se han incrementado en un 138% en esas mismas fechas.
El 36% de los detenidos por estos delitos son inmigrantes, por tanto, un 13,4% (que es el porcentaje de extranjeros residentes en España según el Instituto Nacional de Estadística) cometen el 50% de los casos de violencia contra la mujer en lo que llevamos de este año. Desgraciadamente esto no es demagogia si no cifras.
Según los datos del Consejo de la Unión Europea hasta mayo de 2024 hay 27.770 llegadas de inmigrantes irregulares. En enero de este mismo, año el número de inmigrantes irregulares que residen sin nacionalidad española en nuestro país, es de 6.5 millones de personas. La Unión Europea y sus Estados miembros trabajan para tomar medidas concretas para salvaguardar la seguridad de Europa y reforzar las fronteras, pero como podemos comprobar a diario, sin mucho éxito.
El apoyo a los países de la UE y de Schengen en la gestión de las fronteras exteriores y la lucha contra la delincuencia transfronteriza es fundamental para salvaguardar a nuestro país. Parece que vamos a tener que ser los propios españoles, tesis que ya esgrime algún partido político actualmente, los que nos defendamos por nosotros mismos contra la inmigración, sobre todo tras el paso de Pedro Sánchez por Mauritania, Senegal y Gambia con ofrecimiento incluido de regularizar a 250.000 inmigrantes ilegales.
Incluso a mediados de este mismo año, 15 países de la UE endurecían su postura migratoria para intentar resolver el problema. El Gobierno portugués, ejemplo de Gobierno de izquierdas en Europa, anunciaba un nuevo plan para endurecer las reglas de inmigración. Un extranjero con visa de turista ya no podrá solicitar la residencia en Portugal. En cambio, en España, con las políticas actuales, solo se está facilitando el denominado “efecto llamada” que acabará con consecuencias nefastas para toda nuestra población. El escenario con el que trabaja Pedro Sánchez y su gobierno no mejora el Estado de bienestar, más bien lo empeora, al destinar recursos económicos muy importantes a frenar esa inmigración en sus países de origen o a subvencionar a los pobres inmigrantes que están en España, soluciones que no han dado resultado alguno. Recordemos que, en palabras del propio Gobierno, la inmigración no es una necesidad salvo en aquellos casos que sean por motivos laborales. En cualquier caso, la realidad es que estamos desbocados y gobiernos regionales como el canario están alzando la voz expresando un SOS a Sánchez y reclamando dinero para alimentar y dar medios a los recién llegados o, como han avisado, indicarán a las ONG que no podrán darle servicios ni comida.
Es el pez que se muerde la cola, nuestros jóvenes emigran a buscarse la vida y mejores sueldos hacia países de la CEE u otros continentes, mientras que aquí somos incapaces de mantenerlos y ofrecerles las oportunidades que les son necesarias. Recordemos, eso ocurre tras muchísimos años de inversión en nuestra juventud a través de la educación desde preescolar a universitaria, generalmente pública. A cambio Sánchez solicita 250.000 empleados de ida y vuelta en su visita por África, porque se ve incapaz de ofrecer ninguna solución atractiva a nuestros jóvenes.
Hay que crear políticas inteligentes para, por ejemplo, incentivar la natalidad en España, pero el Gobierno no parece muy interesado en esta medida mientras financia la llegada de inmigración descontrolada. Esto es una cuestión que nos afecta a todos, como tantas otras. En Cataluña la inmigración y la inseguridad ciudadana se convirtió en uno de los temas centrales de la campaña electoral teniendo en cuenta que el 17,2% de la población es de origen extranjero. No es cuestión de racismo, ni tan si quiera de ideologías políticas, es algo que nos afecta a todos por igual: nuestras fronteras deben estar controladas, lo mismo que nuestra seguridad.
