El acoso al poder judicial
España aun es un Estado de derecho. Por ello los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, son independientes...por ahora.
Por las actuaciones del gobierno actual del país que vamos conociendo a cuentagotas, controlar los tres poderes hasta que sean meras comparsas de su ideología e intereses políticos es una de sus prioridades. Máxime cuando el poder judicial está osando poner en duda con las causas abiertas actualmente la "honorabilidad" del ejecutivo y su entorno.
Adviértase que el poder ejecutivo se mantiene en sus manos gracias a mucho márquetin (es curioso que todos los ministros utilicen las mismas palabras cuando responden a los periodistas) y muchas concesiones a partidos minoritarios que curiosamente no desean que España avance sino más bien lo contrario (léase independentistas). Así con este baile de "rebajas del tío Paco" consiguen un ilusorio control del poder legislativo.
Pero les falta el tercer poder, el judicial
El gobierno español abrazó el vergonzoso insulto a la Justicia Española tachándola de "Lawfare". Es más, el propio presidente dejó caer, como si fuera cualquier cosa, que los jueces estaban en connivencia con el PP, con lo que venía a decir que la Justicia Española no era de fiar. Todo para justificar que su entorno familiar y ministerial está envuelto en presuntos casos corruptos.
Desde la tribuna del Congreso, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, acusó a jueces citando nombres y apellidos de "personas indecentes que deberían ser cesadas y juzgadas" (sic) y de "prevaricadores".
Ni la presidenta del Congreso (Sra. Armengol del Partido Socialista) ni el gobierno, ni tan siquiera el fiscal general del Estado afearon esta conducta ni reprocharon su gravísima acusación.
A todo este acoso verbal siguieron actos vandálicos con daños materiales contra viviendas de jueces, como por ejemplo en la de Pablo Llarena de Sant Cugat. O los ataques a los juzgados de Gavá y Girona donde una turba lanzó basura y excrementos en los juzgados. No es de extrañar que en Cataluña falten jueces y que las plazas disponibles no se cubran.
Así están las cosas en nuestro país. Los partidos independentistas alentando las iras contra los jueces y el mismo gobierno deslegitimizando la importante e independiente función judicial.
Si a todo ello sumamos más situaciones rocambolescas como la batalla interna (entre juristas "conservadores" y juristas "progresistas") por controlar el Tribunal Constitucional a la que el gobierno hecha yesca incendiaria cuando se trata de juzgar las decisiones tomadas, a espaldas de la Constitución, en los Consejos de ministros y en las Cortes...
No voy a insistir en el asunto del fiscal general del Estado sobre el que ya comenté en otro artículo. Simplemente me reitero en que es escandaloso.
Y como parece que no les gusta el plantel de jueces actuales, el gobierno ya toma medidas para fidelizar a los futuros jueces con becas y subvenciones para pagarles los estudios. Todo se hace en nombre de "democratizar" la carrera judicial, según afirma su portavoz.
Eso de "democratizar" últimamente se usa para todo y la música suena bien, lástima que la letra, cuando la escuchas atentamente, te suena a democracia al estilo bolivariano, es decir, pura dictadura.