La responsabilidad política
Hay ocasiones en las que un hecho puntual, algo que nos ha parecido sorprendente, nos lleva a reflexionar acerca de su excepcionalidad, de su inevitabilidad y, por ello, nos obliga a realizar el esfuerzo de viajar de lo particular a lo general.
Es lo que me sucedía estos pasados días de fin de año cuando daba vueltas al hecho de que, con la corta perspectiva que dan los dos meses transcurridos desde la DANA del 29 de octubre pasado, ni se ha esclarecido ni creo que se esclarezca nunca, quiénes tuvieron responsabilidades políticas determinantes en la mala gestión de la catástrofe natural que tantos muertos causó. Responsabilidades por omisión, por falta de previsión, por mala praxis, por rehuir toma de decisiones, por lo que fuere.
Y es porque durante este tiempo hemos asistido a un triste espectáculo de reproches y acusaciones viscerales entre políticos de diferentes Administraciones y de distintos colores, resonado en los medios de comunicación en función de su adscripción ideológica y partidista, pero sin análisis riguroso y racional determinante. La conclusión es que para unos los culpables fueron los otros, y para los otros los culpables fueron “los unos”. Y así se cierra, una vez más, la cuestión.
Es una situación absolutamente impensable en una empresa privada e incluso en un equipo deportivo con unas mínimas ambiciones: tras cualquier fracaso o éxito se analiza el asunto fríamente tanto para evaluar responsabilidades como para extraer lecciones positivas de cara al futuro. Sin embargo, en la política española, no es así.
¿Qué absurdo sistema político permite tamaño despropósito en democracia? Más allá: ¿qué sistema organizativo fomenta la elusión de responsabilidades por parte de los actores del sistema?
Gozamos y padecemos en España de una miríada de Administraciones superpuestas, yuxtapuestas y concomitantes. En el Estado Autonómico español las distintas Administraciones se distribuyen competencias exclusivas, competencias compartidas, y competencias concurrentes, con el añadido de que las competencias exclusivas pueden también ser delegadas (dejando así de ser exclusivas), aunque no en su titularidad sino tan sólo en su ejercicio parcial. Ya tenemos aquí la semilla de la confusión para el ciudadano-votante. Sólo falta regarla con una buena dosis de praxis partitocrática para obtener una bella zarza enmarañada que, a buen seguro, disuadirá a aquellos ciudadanos curiosos por saber más. Sin embargo, las Leyes que organizan el Estado y el reparto competencial entre las distintas Administraciones no deberían ser un entramado de orfebrería jurídica que dificulte a los ciudadanos el control sobre lo que hace cada Administración.
El Estado Autonómico español, a diferencia de un sistema federal clásico, no realiza la distribución competencial en su Constitución, sino que la deja para los Estatutos de Autonomía y sus diversas reformas. La Constitución sólo delimita unas competencias exclusivas del Estado, que con el tiempo se han visto desmigadas por la vía de generalizar las “competencias delegadas”. Esto ya implica de inicio, jurídicamente, una maleabilidad y provisionalidad al reparto de competencias que no facilita una visión clara por parte de la ciudadanía.
Pero la práctica ha resultado todavía más perniciosa. Veamos: se han utilizado algunas reformas de los Estatutos de Autonomía contra la propia Constitución, haciendo saltar por los aires Leyes de Bases por la vía de las reformas estatutarias; las CCAA, en lugar de rivalizar unas con otras por el buen ejercicio de sus competencias, rivalizan en la asunción de nuevas competencias; se han realizado transferencias de competencias a las CCAA que ni siquiera estaban previstas en sus Estatutos, mediante Leyes Orgánicas en aplicación del Artículo 150.2 de la Constitución. El epítome de todos estos dislates es la conocida como “cláusula Camps” del Estatuto de la Comunidad Valenciana, que establece que cualquier ampliación de competencias otorgada a otras comunidades autónomas debe ser aplicada también a la Comunidad Valenciana. ¡La Caja de Pandora!
Cuando lo que falla no son las personas, sino que es el sistema no basta con cambiar a las personas: es necesario cambiar el sistema.
Lejos de asumir esta realidad y de intentar corregirla, no podemos esperar que ningún cambio venga auspiciado por los dos grandes partidos españoles, que son quienes tienen posibilidad real de llevarlo a cabo. Recordemos de nuevo la “cláusula Camps”: fue propuesta por el propio PP. Paradójicamente, estos partidos son a la vez víctimas y beneficiarios del sistema: sometidos al chantaje de los partidos nacionalistas, se garantizan su apoyo para gobernar a cambio de ceder a sus exigencias. Hará falta que sea desde fuera o desde nuevas formaciones políticas desde donde se impulse la necesaria racionalización del Estado y la modificación radical del Título VIII de la CE.
Porque no cabe una reforma constitucional limitada como la propuesta en 1994 en el Senado desde el Parlamento de Galicia; es necesaria una reforma constituyente que transforme el Estado autonómico en un Estado federal, con una delimitación competencial clara y explícita en la propia Constitución. A los más timoratos les pregunto ¿qué miedo puede haber a una reforma constituyente cuando resulta que es ineludible si queremos, por fin, implantar la igualdad de sexos en la sucesión a la corona? Cualquier reforma que afecte al Título II (la Corona) requiere el procedimiento de reforma “complejo”, constituyente. Pues, ya que estamos, hagamos las cosas bien.
También podemos, claro está, prolongar la situación actual de forma indefinida. Pero me permito hacer una instantánea actual de una cuestión acuciante: frente a la crisis de vivienda que padecemos, el Gobierno central anunció el pasado verano la creación de 44.000 viviendas de alquiler social y presentará un nuevo plan este mismo mes de enero; la Generalitat de Cataluña ha anunciado 50.000 viviendas antes de 2030 y numerosos ayuntamientos están también promoviendo la construcción de vivienda de alquiler social por su propia cuenta… Todo muy loable, pero parece el ejército de Pancho Villa en lucha contra la crisis de viviendas. ¿Es eficiente este no-reparto de funciones? La colaboración institucional es muy deseable; la confusión no lo es. Y, para la democracia, lo sano es que los ciudadanos conozcamos quién es el responsable político de cada asunto.