Este mismo presidente fue el que posteriormente mediante escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a través de la Abogacía General del Estado solicitó que se ampliara la querella por prevaricación contra el juez que instruye la causa contra su mujer por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias, al aducir que la labor del magistrado "contraviene la doctrina existente" y que supone una "injusticia intrínseca".
Lo que sugiere la pregunta ¿Qué doctrina existente contraviene? Si nunca la mujer de un presidente de gobierno había sido investigada por tales presuntos delitos, ni por ningunos otros. Y por otro lado ¿Dónde está la injusticia intrínseca?
Recordemos que la injusticia intrínseca es la que se da cuando la existencia de un prejuicio hace que alguien sea considerado como epistémicamente inferior y recibe por ello desventajas sociales. Dicho de otra forma, el presidente pretende convencernos con sus manipuladores argumentos de la existencia de un conjunto de conocimientos que condicionan las formas de entender e interpretar el mundo en esta convulsa época para actuar contra él; tal que, a él (el Uno), lo colocan en una posición de inferioridad y en una situación de desventaja social. ¡Quién lo diría! ¿Verdad?
A mi todo esto simplemente me suena a una burda manipulación de lo esencial en lo que debe basarse cualquier relación de credibilidad, de ahí que ante la pregunta ¿Cree usted en la justicia? Opta por incluir en su respuesta un “a pesar de todo”, para después tras afirmar su fe en la justicia, posteriormente sin complejos fundamentar su ampliación de la querella en la supuesta prevaricación del juez sobre la base de una apreciación por parte de tal presidente en una existencia para con su persona de una “injusticia intrínseca”.
No olvidemos que para este presidente la percepción de que cuando dice lo uno y su contrario se entiendan como opuestos, es exclusivamente un problema en sede del oyente que no logra entenderlo (él se considera infalible), básicamente porque este último para su desgracia carece de los necesarios, profundos y acertados conceptos lo suficientemente compartidos con el inalcanzable hablante. Mientras su discurso siempre es virtuoso, la escucha, y la intención en la escucha, del oyente no lo es. Y pasa lo que pasa.
Por otro lado, y a mayores, él que según dice a pesar de todo cree en la justicia y también supongo que, en consonancia y coherencia con su particular forma de practicar tal creencia, no dudó ni un ápice en manifestar mediante una pregunta de quién dependía el fiscal general del Estado, recuerdo que cuando lo dijo aparentaba tenerlo igual de interiorizado, y una vez más adjudicaba al oyente el posible pecado de la duda.
Lo que me lleva a pensar ciertamente que está convencido de nuestra limitación para compartir en su totalidad los conceptos, y en este caso especialmente compartir su personal interpretación del procedimiento en el nombramiento del fiscal general del Estado establecido en el artículo veintinueve de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Y ahora, desconozco si por causa de esa dependencia o por otra totalmente distinta, resulta que pasado no mucho tiempo y no pocos avatares judiciales desde que lo manifestó en público, casualmente la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de forma unánime, abre causa para investigar al fiscal general del Estado, máximo responsable del Ministerio Fiscal por un posible delito de revelación de secretos; al considerarlo posible autor de una filtración que perjudicó el derecho de defensa y la presunción de inocencia de un empresario relacionado afectivamente con una rival política.
En definitiva, este presidente tiene muy difícil convencernos de que realmente cree en la justicia de su país, cuando está convencido de la dependencia que de su presidencial persona tiene el fiscal general del Estado, cuando este va a pasar a la historia por poner de manifiesto un vacío legal que para vergüenza del cargo, en evitación de repeticiones, va a llevar a tener que añadir un motivo más para el cese en dicho el cargo entre los ya contemplados en el apartado Uno del artículo treinta y uno de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Y para terminar la pregunta de la que nos queda por obtener respuesta del presidente es, en ese a “pesar de todo” ¿Qué le pesa realmente? Y ¿Qué abarca realmente ese todo? Me temo que nos quedaremos sin contestación.
A mi este presidente que siente ser objeto de injusticias intrínsecas me recuerda a Ana Karenina, el personaje de la novela de Tolstoi que comienza con: “Todas las familias felices se parecen entre sí; pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada”. ¡Pese a todo, qué triste todo, triste presidente!
