Pongamos como ejemplos dispares los siguientes: la Comunidad Valenciana con 4,06 ocupados por pensionista de, Baleares, con 3,50 afiliados por pensionista, y Madrid, con 3,23, lideran el ranking mientras que Galicia tiene la peor ratio, con sólo 1,58.
La gran mayoría de los cotizantes (casi diecisiete millones) pertenecen al Régimen General mientras que casi tres millones y medio son autónomos.
En cuanto a los pensionistas se reparten las cifras entre los subsidios de jubilación (cerca de seis millones y medio), de viudedad (un millón y medio), de incapacidad permanente (casi un millón), de orfandad (tres cientos mil) sumando un total de 9.198.059 pensionistas. A esto se suman los 457.380 beneficiarios de pensiones no contributivas y los 721.395 funcionarios retirados que reciben prestaciones del sistema de Clases Pasivas. En conjunto, el gasto mensual en pensiones alcanzó los 13.432 millones de euros en enero de 2025.
Aunque parece que actualmente y de acuerdo con los datos de la Seguridad Social , la tasa de cotizantes se mantiene algo más del doble que el crecimiento del número de pensionistas, parece que en un futuro y una vez se jubile la generación del «baby boom» estas cifras podrian revertirse poniendo en un aprieto al sistema.
Según afirma el Instituto BBVA de Pensiones, el mínimo exigible para que el sistema se sostenga contempla dos trabajadores por pensionista.
En previsión a un descalabro se llevó a cabo una reforma para denominado "mecanismo de equidad intergeneracional" que ha sido criticada por amplios sectores, además de los ya conocidos cambios relativos al incremento de la edad y de los años de cotización para acceder a la jubilación.
Este año 2025 el Gobierno debe realizar la evaluación de la proyección realizada hasta el momento y tomar las medidas al respecto, en función de los resultados para sostener el sistema público de pensiones.

Capítulo aparte son las prestaciones concedidas por el Gobierno Central y los Autonómicos
Como ya informamos anteriormente, España se está convirtiendo en un país de subsidios en el que el sostenimiento económico de más de la mitad de la población adulta depende directamente del sector público. O sea, hablamos del sustento de casi veinte millones de personas.
Además de la pensiones que hemos mencionado antes, existen las ayudas al desempleo (más de un millón de personas), los sueldos de funcionarios y otros subsidios y prestaciones dirigidas a diferentes sectores de la población.
Y estas cifras no tiene visos de mejoría ya que la población joven activa no crece, mientras que el número de perceptores de prestaciones sigue batiendo récords.
Así que con un número cada vez menor de cotizantes hay que sostener a un número cada vez mayor de subsidiados.
Si buscamos los motivos principales los encontraremos en el aumento del costo de vida y de forma especial el de la vivienda lo que ha forzado a los ciudadanos a pedir ayudas estatales. Tampoco ayuda la dificultad de encontrar empleo de calidad.
Problemas de base, todos ellos, que debería resolver nuestra clase política.
El último aspecto de gasto social en España es la ayuda a la dependencia, que aunque funciona mal y lenta, incluye prestaciones económicas para cuidadores profesionales y familiares. Actualmente, el número de prestaciones concedidas supera los dos millones, sin tener datos del montante que suponen.
Más peso presupuestario
En cumplimiento de las sentencias judiciales europeas que obligan al Gobierno a reducir el número de interinos en los empleos públicos, el número de estos sigue en aumento cada año. Cabe destacar que nuestros políticos aumentan en los últimos tiempos y de forma descarada los nombramientos de altos cargos y asesores. Actualmente, el Gobierno central cuenta con 1.373 cargos de confianza y 778 altos cargos. En el ámbito autonómico, las cifras son aún más significativas: 3.294 asesores y directivos contratados. Y faltan por contar el número total de asesores, actualmente desconocido, en los más de 8.000 municipios y en los entes públicos (los chiringuitos creados a voluntad).
Todo esto sin hablar de los sueldos de nuestros políticos en todas y cada una de las administraciones, ya sean locales, comarcales, supra comarcales, autonómicas, parlamentarias, incluidas la ex presidencias y etc. etc.
Todo ello nos viene a confirmar aquello de que España debe ser, sin duda, el país más rico del mundo ya que sostiene mucho peso y de momento aguanta.
Como se decía en el Cantar del mío Cid: "¡Dios que gran vasallo si tuviera buen señor!"