El sindicato denuncia que el Gobierno en funciones y el INCASÒL, como heredero de las tierras expropiadas por el régimen franquista, deberían ser responsables de la regularización de la zona de Gallecs (Vallès Oriental y Occidental) en lugar de dejarlo en las manos de técnicos que imponen sus criterios arbitrarios frente al cumplimiento de las normas.

Según remarcan, los pliegos de condiciones para los concursos deben redactarse en base a la norma, no según las preferencias y criterios personales de nadie; es necesario ser, no sólo escrupulosamente legal, sino justo. En este sentido, para el sindicato el pliego de condiciones que ha publicado el INCASÒL para poner en alquiler las tierras de Gallecs está lleno de ilegalidades y carencias, en las que contraviene la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias, así como el derecho de la competencia de la Unión Europea.

Esta situación expone al campesinado que ahora cultiva estas tierras a ser expulsada, además de atentar contra la viabilidad de las explotaciones agrarias, ya que puede comportar el cierre de la mayoría, como ya denunciaron en su comunicado del 10 de mayo pasado. Unió de Pagesos insiste en recordar que el INCASÒL no tiene la potestad para imponer a todo el campesinado el modelo de producción a trabajar.

Opinan que durante más de cuarenta años la acción del INCASÒL en Gallecs ha sido totalmente nula. Se ha negado a escuchar al campesinado que hace cultivos convencionales y tradicionales y, por el contrario, se ha escuchado otras voces que no viven de la agricultura, personas con sueldos públicos que pretenden imponer unos criterios que se han demostrado inviables en cultivos de secano.