Se habla mucho últimamente de la comisión de investigación sobre la corrupción del Partido Socialista que hace casi un año se abrió en el Senado a instancias del Partido Popular. Una comisión que empezó conociéndose como del caso Koldo, que pasó después a ser llamada del caso Ábalos y que, por último, ha quedado ya instaurada en el imaginario colectivo como la del caso Sánchez, porque al igual que todos los caminos llevan a Roma, todas las corruptelas y sinvergonzonerías del PSOE llevan de forma indefectible a su número uno.
Y decimos que se habla mucho de esta comisión porque los hechos que están saliendo a la luz pública en su seno son verdaderamente escandalosos, de forma que son ya varios los comparecientes que han entrado a declarar en la misma sin tener problemas con la Justicia y al poco han resultado imputados por los jueces a la vista de su presunta implicación en hechos delictivos de suma gravedad.
Y todo esto está dando lugar a sonoras controversias político-mediáticas, entre el gobierno y sus palmeros, por un lado, en frontal y permanente oposición a que se destapen los múltiples asuntos sucios en los que están envueltos los socialistas, y el PP y los medios libres e independientes, por otro, firmes defensores de esta cruzada en pos de la verdad y la depuración de todas las responsabilidades políticas que procedan, caiga quien caiga de las altas instancias del PSOE.
Y es que lo que comenzó como una investigación sobre las compras fraudulentas de mascarillas por parte del Gobierno central durante la pandemia, en las que se invirtieron más de 800 millones de euros del dinero de nuestros impuestos, la mitad de los cuales fueron abonados en sobre costes al pagarlas al doble de su valor de mercado para repartirse después los implicados, mediante comisiones ilegales, las multimillonarias ganancias haciéndose, por cierto, de oro mientras la gente se moría, ha tenido que ir ampliándose de forma paulatina ante los sucesivos escándalos que han ido apareciendo dentro de esta gigantesca trama de corrupción orquestada desde los cuadros de mando del Partido Socialista.
Porque a la rama de las mascarillas han seguido después la de las adjudicaciones amañadas de obras públicas, también liderada por Ábalos y sus subordinados en todo el territorio nacional, la de los hidrocarburos, con sobornos de todo tipo de por medio, la de Aldama, que en todas las salsas mojaba, la de Begoña Gómez, con su cátedra fake y sus sospechosas relaciones con el emporio Globalia, la de Tito Berni y tantísimas otras de distinto calado y protagonistas -siempre del espectro de la izquierda-, pero cuyas primeras estimaciones nos hablan de un montante potencialmente defraudado a las arcas públicas muy por encima de los 2.000 millones de euros.
Evidentemente, todo ello con carácter presunto, pues a nivel judicial, hasta que no haya una sentencia condenatoria en firme, todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, pero eso es una cosa y otra muy distinta la contundencia y lo escandaloso de los indicios criminales que están poniendo de relieve los informes de la UCO, ante los que es evidente que se deberían haber asumido hace ya mucho tiempo unas responsabilidades políticas por parte del PSOE, en forma de dimisiones y destituciones, que si brillan por algo es por su ausencia.
Pero claro, qué se puede esperar de un partido cuyo líder supremo tiene imputados a su mano derecha, a su Fiscal General del Estado y hasta a su propia mujer y hermano por actos de corrupción directamente vinculados con él mismo y que, pese a ello -o precisamente por ello-, es el primero en aferrarse al sillón (por su exclusivo interés personal) pagando a tal fin cualquier precio (en flagrante detrimento del interés general), pues es consciente de que el día que salga de la Moncloa perderá su blindaje frente a la Justicia.
Entretanto, y mientras guardias civiles y jueces avanzan en su ámbito, la comisión del caso Sánchez, la comisión de la verdad, seguirá haciendo su trabajo y destapando todos los escándalos de corrupción del Partido Socialista, le moleste a quien le moleste. Porque el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, bajo el liderazgo de Alicia García y Javier Arenas, tiene muy claro que solo se debe a los españoles, no a los correveidiles del sanchismo, ya que, como bien dice Alberto Núñez Feijóo, nuestro único compromiso es con España.
Son ya más de medio centenar los comparecientes que han desfilado por la comisión, algunos incluso varias veces al descubrir sus continuas mentiras, desde los más conocidos como Ábalos, Koldo, Puente, Marlaska, Torres, Illa, Armengol o Cerdán, todos de la máxima confianza de Sánchez, hasta otros menos relevantes, pero igual de importantes en los entresijos de esta trama corrupta. Y los que aún quedan, pues son bastantes los que todavía tendrán que dar explicaciones por sus andanzas y fechorías.
Sus frutos en forma de imputaciones, ceses, descubrimientos de mentiras y de contradicciones están a la vista de todos, al igual que los intentos sistemáticos del gobierno de bloquear su trabajo negándose a facilitar documentación o los domicilios de los comparecientes que le son requeridos, todo lo cual le está resultando en vano ante la decisión y empuje del órgano senatorial.
La comisión de la verdad va a seguir plantando batalla, que nadie tenga ninguna duda. Y lo va a hacer hasta que acabe esta guerra contra la corrupción, algo que sólo ocurrirá el día que Sánchez convoque elecciones y las urnas lo pongan en la calle. Porque sólo entonces podrá coger las riendas un gobierno serio y honrado del Partido Popular que limpie toda la basura moral y económica que va a dejar como legado el vergonzoso ejecutivo que padecemos del PSOE.
Francisco Bernabé
