La reciente cesión, la enésima, de Pedro Sánchez al nacionalismo catalán es una más de esas anormalidades que se han convertido en algo corriente de un tiempo a esta parte. Porque no es muy normal que desde una institución como el Gobierno de España se ande días diciendo que las cosas son blancas para amanecer finalmente el día en que son negras porque siete votos de Junts así lo exigen. En estos términos, hablar incluso de “Gobierno” es un eufemismo, porque se trata únicamente de la voluntad de un Pedro Sánchez que, esto sí hay que reconocérselo, ha conseguido convertir a todo un Consejo de Ministros, e incluso a un partido centenario como su PSOE, en un rebaño de dóciles y maleables borregos que hoy balan que una competencia estatal es constitucionalmente indelegable para berrear al día siguiente que esa misma competencia estatal no solo es delegable sino que delegarla es poco menos que chipendilerendi.
El art. 149.2 de nuestra Constitución deja bien claro que la competencia en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo es exclusiva del Estado central. Y al mismo tiempo es cierto que el art. 150.2 establece que se podrán delegar mediante ley orgánica en las comunidades autónomas competencias estatales “que por su naturaleza sean susceptibles de delegación”. Literalmente es cierto que la Constitución habla de “transferir o delegar” refiriéndose a competencias que sean “transferibles o delegables” por su naturaleza, como les digo. Y eso sitúa todo el marco competencial del Estado en una gran laguna jurídica, en lo que los juristas llamamos “concepto jurídico indeterminado”, porque es cierto que no hay manera de saber a ciencia cierta qué demonios es eso de la “naturaleza transferible o delegable” de una competencia estatal, ya que no consta negro sobre blanco.
De ahí que haya tenido que ser el propio Tribunal Constitucional el que, en su labor interpretadora de la Constitución, vaya dando pistas sobre esa desconocida naturaleza, algo en lo que, ha de reconocerse, no ha sido muy conciso. De hecho, en la su sentencia que anula parte del Estatut de Catalunya de 2006, declara la constitucionalidad de su art. 138, titulado “Inmigración”, pero estableciendo expresamente que su tenor debe ser interpretado en el sentido de que “las potestades en él recogidas no se traducen en la atribución a la Generalitat de competencia alguna en materia de inmigración”, diciendo a continuación el TC que las competencias que sí puede asumir la Generalitat son las estrictamente referidas a las condiciones socio-laborales de un extranjero en Cataluña. O como lo explicita literalmente el propio TC: “si al Estado ha de corresponder, con carácter exclusivo, la competencia en cuya virtud se disciplina el régimen jurídico que hace del extranjero un inmigrante y atiende a las circunstancias más inmediatamente vinculadas a esa condición, a la Generalitat puede corresponder aquella que, operando sobre el extranjero así cualificado, se refiere estrictamente a su condición como trabajador en Cataluña”.
Y en este decir sin aclarar nada es donde nos encontramos con un Gobierno central que dice que solo ha delegado competencias y un, ojo, partido que no gobierna hoy la Generalitat catalana, que dice que lo que ha logrado es una transferencia plena de competencias, presumiendo de que si esto no es un Estado, que baje Francesc Macià y lo vea. Como ven, todo de lo más normal…
El problema de la ausencia de un criterio claro es la falta de normalidad, como les digo, política e institucional. Y aún más: de lealtad democrática, porque lo absolutamente inaceptable de todo esto es que algo tan susceptible de lío constitucional sea objeto de un acuerdo tan particular y limitado entre quien gobierna España sin mayoría, sin ser siquiera el partido más votado por los españoles en las urnas, con quien quiere desmembrarla. Y más aún anormal es que se considere a este segundo partido, Junts, como la voz de todos los catalanes en un tema tan complejo como el de la inmigración, cuando en este debate su competencia es con Aliança Catalana, formación xenófoba que explicita en su propio ideario que a Catalunya no hi cap tothom, lo que incluye al resto de españoles al considerarlos “invasores”. Cuando la duda es ver quién tiene el discurso más ultra en el populismo a la derecha, si los de Puigdemont o los de Orriols, cuyas propuestas son simple copia traducida de las de Vox para España.
No hay normalidad, por tanto, cuando el Gobierno español negocia en el extranjero tales cesiones, que en el fondo hacemos todos, porque su interlocutor está huido y reclamado por los tribunales españoles, después de una grosera amnistía que ni siquiera le alcanza, para vergüenza de quienes pactan cafeteando con él.
Más allá de que sea inconstitucional todo este trasiego, lo que es todo es tremendamente anormal. De una anormalidad escalofriante, por más que algunos nos lo quieran presentar como normal y hasta gráficamente con una foto en Waterloo. Normal hasta el punto de que tanto García-Page lo denuncie una y otra vez sin dar el paso de decir que ya está bien, de verdad, de tanta anormalidad.
