Si ya existe Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ¿por qué no se encarga directamente en lugar de crear otra estructura paralela? La respuesta es clara: se trata de repartir cargos entre afines, inflar nóminas y garantizar sillones a costa del contribuyente.
Esta maniobra no solo refleja una falta de planificación estratégica, sino que evidencia la tendencia del Govern a anteponer la burocracia al interés público. Mientras se recortan servicios esenciales y se congelan inversiones necesarias, se gasta dinero en una empresa que no aporta nada nuevo, salvo sueldos y despachos adicionales para los bien conectados.
Además, la Generalitat lleva años sin ser capaz de aprobar sus propios presupuestos, recurriendo constantemente a prórrogas y parches para cuadrar cuentas. Sin embargo, cuando se trata de expandir la administración, no hay restricciones financieras. ¿Cómo puede sostener económicamente una nueva empresa pública cuando ni siquiera ha sido capaz de garantizar inversiones suficientes en Rodalies bajo la gestión de Renfe?
El problema real de Rodalies no es quién la gestiona, sino décadas de desinversión y mantenimiento deficiente. Lo que los usuarios necesitan no es más burocracia, sino más trenes, mejor infraestructura y un servicio eficiente. En lugar de centrarse en esto, la Generalitat prefiere soluciones cosméticas que no resuelven nada y solo agravan la carga económica.
Mientras tanto, sectores clave como la educación y la sanidad siguen sufriendo una falta crónica de recursos. En 2024, se reportaron recortes significativos en la sanidad pública catalana, con cierre de camas y reducción de personal, afectando directamente la atención a los ciudadanos. A esto se suma la amenaza de cierre de hasta 116 centros educativos, debido a la falta de planificación y de inversión en el sistema escolar. Sin embargo, en lugar de destinar fondos a estos problemas urgentes, el Govern opta por crear más organismos innecesarios.
Al final, la historia será la misma que con otras competencias transferidas: más costes, peor servicio y la culpa, una vez más, será de Madrid. Para entonces, los amigos del partido ya estarán bien situados en sus nuevos despachos, con sueldos generosos y sin rendir cuentas.
Cataluña no necesita más empresas públicas: necesita gestión eficiente y menos despilfarro. Es hora de que la Generalitat deje de tratar las infraestructuras como un botín político y empiece a tratarlas como un servicio esencial para los ciudadanos.
