Desde entonces comenzó el trámite final hasta su aprobación parlamentaria, que tendrá lugar en la próxima sesión plenaria de la semana que viene. De este modo, el Ejecutivo da respuesta a una deuda histórica con el mundo rural, que reclamaba desde hace tiempo una consideración particular para que se tuvieran en cuenta sus necesidades y singularidades. Con la aprobación de esta ley se buscan dos objetivos principales: 1.- Frenar la despoblación que vive Cataluña en las zonas rurales; 2.- Dotar a las administraciones locales de las herramientas adecuadas para prestar los servicios correspondientes a la ciudadanía.
Asimismo, también prevé: 1. Establecer medidas que impulsen el desarrollo económico de estas zonas. 2. Garantizar el acceso a servicios públicos básicos y de calidad, prestando especial atención en el ámbito de la educación y la salud. 3. Establecer un sistema de financiación propio que garantice la adecuada prestación de los servicios.
La vivienda y la mejora de los servicios públicos, claves del nuevo estatuto
En este nuevo marco legal se incorporan algunas de las demandas que los ayuntamientos de los municipios rurales han reclamado desde hace tiempo, sobre todo aquellas vinculadas a la falta de vivienda, a la simplificación administrativa o a la mejora de los recursos para poder prestar servicios públicos de calidad a la población.
En el caso de la vivienda, que es una de las problemáticas que comparten buena parte de los municipios de Cataluña, el texto aprobado recoge e incorpora medidas clave como:
1. La creación de una Bolsa de Vivienda Rural.
2. La ampliación de las medidas para favorecer la vivienda familiar en el suelo no urbanizable de las explotaciones rústicas de municipios rurales.
3. El establecimiento de criterios de incentivo positivo a todas las personas solicitantes de vivienda de protección pública en aquellas promociones que se construyan en municipios rurales.
4. La compensación con deducciones en el IRPF del traslado, rehabilitación o adquisición de una residencia habitual en un municipio rural, así como por el alquiler de una vivienda habitual.
Otra de las cuestiones que los ayuntamientos han planteado es el exceso de burocracia al que deben hacer frente sin disponer de los recursos necesarios para gestionarla. En este aspecto, el estatuto propone la creación de un portal único en la sede electrónica de la Generalitat desde donde se podrán gestionar buena parte de los trámites, y se trabajará para eliminar las duplicidades de procedimientos.
Una medida necesaria
Actualmente, Cataluña vive una situación de desequilibrio territorial que se ha agravado con el paso del tiempo, donde tres cuartas partes de la población viven en el 15 % del territorio, mientras que el cuarto restante ocupa el 85 %.
Según la definición que establece el nuevo Estatuto de Municipios Rurales, 596 municipios de Cataluña serían considerados municipios rurales y, de este total, 381 son municipios de especial atención. Estos municipios deben tener una población menor de 500 habitantes o bien entre 500 y 2.000 y cumplir con alguna de estas características:
1. Tener una densidad de población inferior a 12,5 habitantes/km².
2. Tener una tasa de crecimiento menor al 10 % en los últimos 10 años, o una tasa de envejecimiento superior al doble de la media de Cataluña.
Este reparto desigual requiere una intervención para equilibrar el territorio y dotar al mundo rural de los recursos necesarios para que la gente pueda desarrollar su proyecto de vida en las mejores condiciones posibles.
