En concreto, el juez instructor de la causa del “procés” había reclamado a la cúpula de los Mossos d’Esquadra y al Ministerio del Interior las explicaciones pertinentes sobre el operativo policial que se desplegó este pasado jueves para detener al expresident catalán, quien tiene activa una orden detención en territorio nacional, con el fin de conocer "los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto técnico policial".
En dicho informe, según informa el propio departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska asegura que la detención de Puigdemont “ha sido, es y será, hasta su cumplimiento, un objetivo operativo para todas las unidades y servicios policiales del Ministerio del Interior”, y como tal está incluido en la Base de datos de señalamientos nacionales desde el 3 de noviembre de 2017, con sucesivas modificaciones posteriores en función de las distintas situaciones procesales del expresident.
Ante la situación surrealista e incomprensible generada por el hecho de que ningún miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detuviera al fugado Carles Puigdemont después de que hubiera anunciado que estaría en Cataluña, que se supiera que había montado un escenario para dar un mitin y que hubiera militantes de Junts y prensa convocados en ese punto, Interior asegura al juez que los dispositivos de control y vigilancia" establecidos por Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera con Francia, así como en puertos y aeropuertos, indican que "no se detectó en momento alguno y hasta la fecha la presencia del prófugo Carles Puigdemont”.
Sobre una posible captura de Puigdemont ya en territorio nacional, el informe remitido al Tribunal Supremo explica que, por los canales y medios habituales de comunicación, los Mossos d’Esquadra informaron al ministerio del diseño de su dispositivo específico y especial para proceder a la detención del expresident una vez fuese localizado.
