Desde APARTUR, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, que está ayudando a todos los afectados interesados en presentar sus reclamaciones, se calcula que el valor final de las indemnizaciones que deberá afrontar la Generalitat podría superar los 3.000 millones de euros sólo en Barcelona. En toda Catalunya se calcula que esta cifra podría superar los 7.000 millones de euros.
Por qué una reclamación de responsabilidad patrimonial
La reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) ante la Generalitat de Catalunya como autora del decreto es una de las vías judiciales que tienen los afectados por luchar contra una regulación que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ya ha anunciado que utilizará para intentar cerrar la totalidad de las 10.101 licencias de HUT actuales de Barcelona.
La reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Generalidad de Cataluña se basa en la Disposición Transitoria 2ª del Decreto Ley, que implica una expropiación de hecho de las licencias de los pisos turísticos en 2028. Aun faltando cuatro años, los efectos negativos de la nueva normativa ya se han empezado a notar. Incertidumbre entre trabajadores y clientes, imposibilidad de amortizar inversiones y pérdida de valor de los pisos son algunos de los efectos que han llevado al equipo legal de APARTUR a iniciar este proceso.
La expropiación de las licencias previstas en el decreto es ilegal por ser contraria a la ley española y a la europea que establecen que siempre debe existir el derecho de indemnización, que este no puede quedar en manos de la administración o del legislador, y que las compensaciones deben ser de carácter económico. Ante la falta de compensación económica, los titulares de HUT tienen derecho a reclamar a la Generalitat el importe resultante de un cálculo sobre los gastos de los últimos 5 años y los beneficios que se obtendrían de continuar con la actividad.
Una "expropiación encubierta"
“Nos encontramos ante una expropiación forzosa encubierta en la que debería indemnizarse económicamente a los propietarios. No hacerlo nos lleva a una situación absolutamente inaudita, contraria a cualquier garantía jurídica, contraria a la Constitución y al Derecho de la Unión Europea”, explica la directora general de APARTUR, Marian Muro.
Más allá del derecho a la reclamación de responsabilidad patrimonial, la patronal de los pisos turísticos de Barcelona se siente avalada por el estudio que elaboró de oficio la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) –organismo que depende del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat– y que ya señalaba que el Decreto de viviendas de uso turístico no respondía a los principios de necesidad y proporcionalidad y que era indiscriminado y abusivo. En su informe la ACCO pedía al Gobierno más rigor para impulsar una regulación eficiente.
Otro informe contrario a la ley es el que publicó la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, que también cuestionaba la proporcionalidad de las medidas adoptadas. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular y la Comisión Europea ha abierto un expediente por vulneración de la normativa comunitaria como consecuencia de la aprobación de esta regulación por parte la Generalitat.
Por todos estos motivos, Muro apuesta porque "los tribunales acabarán dando la razón al sector". Sin embargo, desde la patronal se recomienda firmemente a todos los afectados que aún no lo hayan hecho que presenten sus reclamaciones patrimoniales dentro del plazo previsto por si la norma no fuera anulada.
Desde APARTUR siguen apostando por una “regulación justa y equitativa” que evite la desaparición de una alternativa de alojamiento que representa el 40% del alojamiento reglado en Barcelona, la mayoría turismo familiar, que emplea a unos 5.000 trabajadores de forma directa y otros tantos de forma indirecta y aporta anualmente más de 347 millones de euros a las arcas públicas de Barcelona.
