Los últimos datos de empleo del mes de junio, ofrecidos por el informe mensual de afiliados del Servicio Público de Empleo Estatal SEPE, muestran cómo las afiliaciones a la seguridad social del sector del empleo doméstico han descendido en 3.638, respecto del mes de abril cuando, con 371.538 altas, se había llegado al nivel más bajo desde 2012. Desde el sector empleador se asiste un mes más al descalabro de las cifras en afiliadas en el régimen del hogar familiar, que continúa su descenso desde finales de 2022 tras la adopción de la prestación por desempleo e insisten en la necesidad de apoyar en la contratación a las familias empleadoras para que todo este avance en plenos derechos de las empleadas del hogar, en un sector donde la economía sumergida es patente, no caiga en saco roto.
Las medidas adoptadas por el Ministerio no incentivan la contratación
Estas cifras reflejan la tendencia que la Asociaición Española de Servicios Personales y Domésticos viene intentando prevenir desde que, con las medidas de mejora laboral que se están implementando desde el Ministerio de Trabajo, a raíz de la ratificación del convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente de las trabajadoras y trabajadores domésticos, se está requiriendo a las familias empleadoras, unas cargas tanto económicas como derivadas del cumplimiento de las nuevas obligaciones de su condición de empleador, de manera unilateral, sin tener en cuenta su condición de familia o persona particular, con las limitaciones que esto conlleva, tanto a nivel de presupuesto como a nivel de medios para poder hacer frente a esta nueva situación.
Este goteo lleva ya así un año y medio y no parece tener remedio de no haber ninguna medida que incentive las contrataciones, a través de medidas que incrementen tanto las bonificaciones de la seguridad social, como que acojan desgravaciones fiscales de parte de los costes por contratar estos cuidados dentro de la economía formal.
Sólo contrata quien tiene poder adquisito ¿qué pasa con el resto de familias?
Las personas y familias que emplean dentro de la economía regulada, están apostando por hacer realidad estas reivindicaciones que buscan equiparar los derechos de estas trabajadoras con cualquier otro sector laboral, sin embargo, ante la falta de opciones a la hora de poder obtener ayuda para contratar estos trámites y su ya escaso músculo económico que les permita contratar el tipo de servicio de cuidados y el número de horas que realmente necesitarían en su día a día, está suponiendo que solo una pequeña parte de la población pueda permitírselo, relegando este sector a una parte de la población con mayores medios económicos y dejando desprotegidos a una inmensa mayoría que sigue apañándose como puede, tirando de relaciones vecinales y familiares, especialmente de los mayores en el caso del cuidado de sus nietos durante las semanas veraniegas.
El sector seguramente con uno de los niveles más altos de economía sumergida de nuestra economía, debe ser objeto de una mirada integral que abarque a todos los actores implicados y que, al redactar sus normativas, se tenga en cuenta el impacto que éstas van a generar tanto en aquellos sujetos receptores directos de la nueva regulación pero igualmente a aquellos que van a ser destinatarios colaterales de la misma, y sobre todo cuando estamos en un sector tan sensible como es el de los servicios de cuidado y apoyo en los hogares que requiere nuestra sociedad. No se puede dejar atrás a una parte de la población por favorecer a otra, si precisamente una es codependiente de la otra para ver sus derechos protegidos.
