De los indultados, 548 se encontraban en prisión, mientras que otros 137 habían sido condenados, pero se hallaban en libertad, según ha informado la agencia oficial marroquí MAP. El resto habían sido procesados por una actividad que en el momento de la apertura de las pesquisas era ilegal, pero que había dejado de serlo. Aunque los días previos se había especulado en las redes sociales con que algún preso político podría verse también beneficiado del perdón real, este no ha sido finalmente el caso.
Con la legalización del cannabis en 2021, el Parlamento marroquí trató de calmar los ánimos en la región norteña del Rif, marginada por Rabat en sus inversiones desde hace décadas y uno de los principales focos de oposición al régimen. La nueva legislación no permite el cultivo de la planta de uso psicotrópico en todo el país, sino solo en las tres provincias del norte que forman parte del Rif, Alhucemas, Chauen y Taounat. La zona posee una larga tradición en la producción del cannabis, y un estudio de la ONG Global Initiative cifra entre 96.000 y 140.000 las familias que viven directa o indirectamente de su comercialización, la mayoría pequeños agricultores. En 2016, el entonces presidente de la región, Ilyas al Omari, afirmó que un 80% de los ingresos de la zona estaban relacionados con el cannabis.
