Somos así y poco más parece que podamos aprender de estas situaciones que, llevándonos al límite, nos fortifican en nuestras posiciones en lugar de ayudar a tender puentes entre opiniones diferentes. Llegará el día en que protestemos amargamente por no haber recibido señales cuando las tuvimos todas y no las quisimos atender…
Tras el paso de la DANA de estos fatídicos días por gran parte de España, pero sobre todo tras las horribles jornadas del 29 y el 30 de octubre, lo que debería quedar tras el silencio, fundamentalmente, es la decisión de que algo así no se repita. Y no es cuestión de rogativas a los dioses de la lluvia para que sean más benévolos en la próxima ocasión, sino de analizar los medios y recursos de que disponemos, los protocolos establecidos para emergencias y la toma de decisiones al respecto y, sobre todo, el modelo de comunicación de las mismas.
Una situación de emergencia por un evento natural se define precisamente por lo imprevisto, pero no debería ser por lo imprevisible. Como está en su esencia que si no puede evitarse el suceso mismo sí puedan ser evitables al máximo sus consecuencias negativas. Para eso contamos con toda una historia de investigación científica en campos como la meteorología, la geografía o la ingeniería. Por eso tenemos tecnología que nos ha enseñado que, de la observación de fenómenos que se repiten, se pueden extraer pautas y, de ellas, concluir medidas y aplicar soluciones que nos permitan convivir con esos fenómenos, si no sobrevivir incluso a los mismos.
Ante estas situaciones hemos adoptado con el tiempo modelos de actuación colectiva para salvar todo aquello que valoramos, principalmente la vida. Pero también otros patrimonios tan trascendentes como perecederos, bien sea nuestro domicilio privado, bien una infraestructura pública. Y hemos aprendido a poner en marcha protocolos que sirven, precisamente, para proteger esos bienes ante catástrofes. Porque entendemos que, siendo inevitables, ya sabemos cómo preverlas. Y con ello emplear la razón y la prudencia para que el daño, en su caso, sea el menor posible. Y pese a todo ello, el reciente episodio de la DANA de este final de octubre nos deja dos grandes dudas.
La primera es si realmente los protocolos de comunicación de alertas a la población son eficaces desde quien los emite. Porque es cierto, y basta comprobar la hemeroteca y las redes sociales, para encontrar que desde la mañana del martes 29 la Agencia Española de Meteorología (AEMET) había advertido de aviso “de nivel máximo rojo” por lluvias intensas en la provincia de Valencia, una alerta que inicialmente se estableció hasta las 18:00 horas por la propia AEMET (tuit lanzado a las 10:03 del día 29). Y seguramente esa comunicación es la que llevó al President de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a anunciar en una comparecencia sobre el temporal a las 13:00 horas del mismo día que “se espera que en torno a las 18:00 horas disminuya su intensidad”. Sin embargo, desde ese momento, ni una palabra más desde la Generalitat hasta las 20:03 horas, momento del aviso de emergencias vía teléfonos móviles de la ciudadanía, cuando las comunicaciones en redes desde la AMET eran constantes advirtiendo de la situación y del nivel máximo de alerta ya sin caducidad de esa alerta.
La conclusión es que si el aviso llegó a las 20:03 horas, cuando ya había multitud de vehículos y personas atapados por el agua, el aviso llegó tarde. Y sea de la AEMET o de la Generalitat Valenciana, llegó objetivamente tarde cuando ese aviso debió servir para evitar que la ciudadanía mantuviera un comportamiento normal ante una situación anormal como la que ya se constataba antes de ese instante. Un servicio de prevención que no previene es, sencillamente, inútil. Y ahora toca saber por qué esa descoordinación en la comunicación que ha llevado, incluso, a tener que borrar de las redes la comparecencia de Mazón y sus erróneas previsiones de lo que sucedería en algo tan grave.
Pero es más: debe recordarse que en la Comunidad Valenciana existen una Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias y una Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, como órganos delegados para la gestión de estos casos y la coordinación de medios. Y poco o nada se sabe de la actividad concreta de estos organismos que, como en el resto de las CCAA españolas, están integradas en sus administraciones, pero que, en un caso como este, ofrecen dudas de su labor eficaz a la vista del resultado. Y no es objeto discutir las competencias autonómicas o estatales ante una catástrofe de este tipo, porque no tiene sentido reclamar soluciones “desde Madrid” cuando la localización de lo que sucede permite, e incluso aconseja, descentralizar las decisiones adecuadas. Pero se trata de eso: de las decisiones adecuadas. Y de que las mismas se tomen a tiempo.
Y la segunda duda es si realmente esos avisos son eficaces, pero esta vez desde quienes los recibimos: si como sociedad asumimos que la vida es riesgo y que deberíamos tomarnos en serio, con un mínimo criterio de razón y prudencia, las advertencias que, en casos como el que nos ocupa, se nos comuniquen. Y es que la primera reacción de muchos ante, por ejemplo, el sistema de envío de alertas a móviles ES-Alert, que empezó a ponerse en marcha a finales de 2022, fue justamente la de protestar por una “intromisión del Gobierno en nuestra privacidad”. Del mismo Gobierno al que luego se reclama que intervenga para salvarnos en caso de catástrofe, recordemos…
Poco eficaces parece que vayamos a ser nosotros mismos si ponemos peros a quienes nos advierten, si lo hacen a tiempo y de manera clara porque esa es la obligación que les hemos conferido, de que algo malo puede ocurrirnos y desoímos sus recomendaciones porque nos resulta fastidioso salirnos de la rutina que hemos establecido. Y en este caso, más allá de la desaparecida comparecencia de Mazón, se disponía de información suficiente por otros medios. Pero sí: efectivamente el éxito de la gestión de la comunicación de una situación de emergencia depende en gran medida de que haya un canal único o una coordinación real de los canales de comunicación que garanticen la certeza y fiabilidad del mensaje.
Enterrados nuestros muertos será tiempo de reclamar saber qué ha pasado con la gestión de este desastre y pedir responsabilidades a quien o quienes deban asumirlas por lo que hicieron o dejaron de hacer. Como será tiempo de ver si los protocolos y modelos de actuación ante catástrofes de esta naturaleza deben ser revisados y mejorados. Y de exigir que lo hagan sin encastillarse en la culpa del otro sin asumir lo que uno mismo haya de asumir. Pero igualmente será momento de reflexionar sobre nosotros mismos: los primeros responsables en distinguir entre bulos y realidad. Y de no dejarnos manipular por quienes siempre proponen una manera radicalmente distinta y absurda de gobernarnos cuando, posiblemente, es que somos sencillamente ingobernables.
