Es indigno e inhumano señalar con la marca del mal innato a un menor por el solo hecho de ser extranjero

Matar a un Ruiseñor, de nuevo

Que el PSOE haya pactado con Junts la cesión, vía transferencia o delegación de competencias -que esto aún está por explicar- la política en materia de inmigración y extranjería del Estado a una comunidad autónoma como la catalana nos puede parecer tan adecuado u oportuno, o no, como que el PP haya acordado con Vox sacar adelante un presupuesto en la Comunidad Valenciana para este 2025 con la renuncia a determinados valores. Son, al fin y a la postre, decisiones políticas cuyas consecuencias deben ser tenidas en cuenta por la ciudadanía a la hora de emitir, cuando corresponda, su opinión en forma de voto en unas elecciones. Porque de eso va la democracia.

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Pero en ambos casos hay un elemento común que llama poderosamente la atención por su falsedad y, pese a ello o quizá por ello precisamente, por su capacidad de distorsionar una realidad muy diferente a la que nos pintan de manera interesada. Porque de eso va el populismo.

Junts ha emprendido una cruzada, y nunca mejor dicho, racista y xenófoba contra los menores extranjeros en situación de desamparo en Cataluña. No en España, sino solo en Cataluña, porque de hecho en su argumento le vale que esos menores entren a España siempre que no pisen Cataluña. Su interés es solo electoralista: no puede ceder la bandera del pensamiento cromañón a otros situados a su derecha en suelo catalán en la pugna por la pureza de sangre nacional, si es que eso existe. Y su indigna victoria en este tema es presumir ante los suyos que así acabará aquí con los menas.

Vox, igualmente, mantiene esa postura en toda España, territorio patrio al que hay que liberar de menores delincuentes que lo son por el solo hecho de ser menores extranjeros. Menores a los que hay que devolver a alguien y a algún sitio, pese a que no se sepa ni adónde ni a quién. El interés es, como con Junts, que nadie más a su derecha pueda alardear de una postura tan cafre como señalar a quien consideras diferentes, precisamente, para convertirlo en diferente con el señalamiento.

Para Junts y Vox, como para muchos otros situados en ese extremo del pensamiento que se llena con ignorancia, miedo y odio a partes iguales, un menor desamparado por la ausencia de su entorno familiar y desarraigado por su presencia en un lugar que no es el suyo, es un delincuente. Ni en potencia ni presunto, sino merecedor de la exclusión y alejamiento no por lo que haya hecho, sino por lo que puede hacer. Sin hechos probados y sin sentencia. Porque sí. Y por eso son una simple excusa, falsa por otra parte, introducida en el debate político para hacer valer una posición de indignidad humana de esos iluminados que terminarán argumentando algún día, no lo duden, que el sacrosanto derecho a la vida no vale para un mena, a cuya madre sí sería aceptable haberle hecho abortar en su día.

Si tenemos un problema, nada nuevo, de delincuencia juvenil a partir de una sociedad que genera individuos conflictivos por la fragilidad e inestabilidad de determinados entornos, la solución no pasa por señalarlos y apartarlos, sino por trabajar en las causas y en integrarlos con formación para el futuro y gestión de su situación actual. Y su lugar de procedencia no puede justificar un trato diferente y discriminatorio. Mucho menos ser moneda de cambio en cambalaches políticos que los deshumanizan y convierten en arma arrojadiza de políticos insensibles e insensatos.

De hecho, el último y más trágico episodio conocido ha sido la muerte de una educadora a manos, supuestamente, de tres menores acogidos en un piso tutelado en Badajoz. Tres menores carentes de arraigo familiar de origen y nacionalidad española, que son por ello tan menas como los que llegan en una patera en una playa canaria o andaluza, pero también delincuentes y responsable por lo que han hecho, por supuesto que estos sí, si así se acredita en el proceso correspondiente. Pero su estigma previo no es el de haber sido señalados ya como extranjeros, lo que debería demostrarnos que esa condición ni vincula ni predispone a ser un peligro para la sociedad, y que es ésta la que debe asumir la cautela y la voluntad de evitarlo. Por ellos y por todos.

Porque el riesgo que cualquier persona supone en el futuro no depende de su nacionalidad, de su color de piel, del idioma que hable o de dónde proceda, sino de la falta de atención, de la ausencia de formación y referencias, de no poder educarse en un ambiente adecuado, de que no le ofrezcamos como sociedad una oportunidad cuando ha perdido las suyas, sean cuales sean sus circunstancias.

Que dos partidos políticos como Junts o Vox practiquen algo tan indigno e inhumano como señalar con la marca del mal innato a un menor por el solo hecho de ser extranjero para justificar políticas migratorias, de seguridad o presupuestarias es, simplemente, una aberración inasumible. Y más aún que otros, desde el PSOE o el PP, traguen y asuman como razonables y necesarios esos argumentos que deberían repugnarles si tuvieran un mínimo de decencia de cuya carencia somos responsables quienes les permitimos cada cierto tiempo mantenerse en situación de hacer o dejar hacer estas barbaridades. De quienes ya confundimos seguridad con injusticia aceptando la demagogia de un razonamiento simple y falso porque preferimos una solución rápida a una buena solución.

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